EXTRANJERÍA Y DELINCUENCIA (II): BORRACHERA DE "MECA-COLA"

Como hemos visto en la entrada anterior, la pregunta acerca de las conexiones entre "extranjería" y "delincuencia" no es inocente. Claro que tal vez ninguna pregunta lo sea. Eso no quiere decir que no debamos hacernos preguntas, sino más bien que debemos comprender y controlar los presupuestos que producen nuestras preguntas y plantearnos de vez en cuando si nos hemos hecho los interrogantes más adecuados para descubrir lo que necesitamos. Así, por ejemplo, podríamos darnos cuenta de que en nuestra búsqueda de conexiones puede haber un intento implícito o inconsciente de "juzgar" a colectivos enteros (o juzgar a personas concretas por la "etiqueta" que previamente le hemos puesto), es decir, de mostrar o expresar un desprecio visceral por los extraños, sin obtener ningún conocimiento útil para resolver problemas.

Así pues, es preciso enfatizar que la responsabilidad penal es individual y que, por tanto, no afecta a grupos abstractos de personas. Del mismo modo, propongo partir de la premisa de que la responsabilidad moral o ética también debe ser individual, esto es, no "debe" juzgarse moralmente a unas personas por las acciones de otras; esto puede parecer una obviedad en las sociedades modernas, caracterizadas por el individualismo ético, pero no siempre es tan evidente para nuestras pulsiones intestinales; hay muchos ejemplos de esas ansias de "justicia" colectiva, entre ellos todas estas airadas declaraciones que escuchamos "en la calle" sobre los extranjeros y la delincuencia. Si no nos interesa, por tanto, "juzgar" globalmente a los "extranjeros", nuestra preocupación será más bien averiguar las causas de las disfuncionalidades sociales -como la "delincuencia"-, con objeto de tratar de superarlas. Una cosa es aplicar el Derecho Penal a las personas que cometen delitos y otra muy distinta -no necesariamente incompatible- es tratar de prevenir la producción de estos delitos incidiendo en las causas que los provocan, partiendo de un análisis previo de esas causas.

Lógicamente, quienes postulan una conexión entre "extranjería" y "delincuencia" se apresuran a buscar correlaciones estadísticas y a menudo las encuentran (quien busca, encuentra). Debe recordarse, no obstante, que "correlación" no es lo mismo que "causalidad". Un ejemplo clásico es el de la persona que el lunes bebe whisky con "cola", el martes ron con "cola" y el miércoles ginebra con "cola"; los tres días acaba en estado de embriaguez y llega a la conclusión "lógica" de que la causa de su borrachera es el refresco de "cola". Los números pueden producir una ilusión de "certeza" (y, desde luego, son bastante útiles para mejorar nuestro conocimiento), pero, en términos estrictos, no existe la investigación social puramente "cuantitativa": detrás de toda correlación estadística hay una serie de "teorías" que nos ayudan a plantearnos preguntas y a buscar la mejor manera de responderlas (por ejemplo, buscando determinadas correlaciones y no otras). Si no se reflexiona acerca de las teorías que hay bajo nuestras afirmaciones, corremos el riesgo de acabar "borrachos de cola". De hecho, frecuentemente, quienes señalan estas conexiones místicas entre "extranjería" y "delincuencia" no hacen explícitas sus "teorías"; se limitan a aportar el dato, como ese vecino cotilla que te cuenta lo que dice "la gente" sin responsabilizarse por la información. Así, se evita entrar en el terreno de la discusión y los símbolos mágicos pueden operar sobre nosotros de manera inconsciente.

Así pues, tendríamos que definir las categorías analíticas que van a componer nuestra teoría. ¿Qué queremos decir con "delincuencia"? y ¿qué queremos decir con "extranjero"? También deberíamos postular una hipótesis acerca de la relación entre estas dos variables ¿por qué podría la "delincuencia" depender de la "extranjería"? Posteriormente, estas categorías analíticas habrán de ser "operacionalizadas", es decir, convertidas en algo que pueda ser reducido a observables empíricos ¿cómo vamos a medir la "delincuencia"? En este caso concreto, la búsqueda de conexiones entre las dos variables se ve notablemente afectada -de manera negativa para el conocimiento- por ese mito del "Extranjero Portador del Caos" del que hemos hablado anteriormente, al utilizarse categorías teóricas que operan a menudo como "símbolos" con significado indefinido, contingente y ligado misteriosamente a emociones o incluso a sensaciones físicas. La palabra "delincuencia" evoca el desmorronamiento del orden establecido en el que se sustenta nuestra sociedad, lo más indefinido de nuestros miedos e inseguridades; probablemente, genera imágenes en nuestras mentes de delitos violentos, homicidios, tiroteos, atracos y secuestros. Sin embargo, al "operacionalizar" el símbolo, tal y como está definido, probablemente se incorporarían a la definición conductas que, para muchos españoles (no para todos, claro), no resultan tan preocupantes. Para nuestro "hombre de paja A" no resultan especialmente peligrosos el tipo que le vende los DVDs piratas o el que le "pasa la grifa"; su conducta no le quita el sueño, por más que sea "delictiva" y por tanto, antisocial desde la óptica del Derecho Penal.

Yo aún diría más. Si lo que verdaderamente nos interesa no es "juzgar a los extranjeros" sino "prevenir los delitos" desde el conocimiento criminológico, parece bastante más razonable que estudiemos los distintos delitos por separado, o al menos agrupados en géneros que puedan responder a una etiología común. A efectos de determinación y prevención de las causas sociales que contribuyen a la producción de los delitos ¿es apropiado agrupar el tráfico de drogas con la violencia de género? ¿el robo con la prevaricación? ¿el homicidio con el abuso sexual de menores? ¿el fraude fiscal y las lesiones? Como regla general, parece más fértil entrar en detalles respecto a conductas concretas y los factores que podrían incidir en su producción que quedarnos en la repetición mecánica de símbolos de contenido variable y evanescente.

Aún así, todavía podríamos cuestionarnos la "validez de constructo" de los procesos a través de los cuales queremos medir la "delincuencia" (preferentemente, agrupada en géneros de delitos), es decir, la relación entre los indicadores y los conceptos teóricos que pretenden describir. Si miramos el índice de "detenciones" ¿estamos teniendo en cuenta que los extranjeros pueden ser detenidos debido exclusivamente a su situación administrativa? Seguramente, el indicador más apropiado de delincuencia es el de la población reclusa que cumple condena (recordemos que para las personas en prisión provisional rige la presunción de inocencia), pero aún así, habrá que tener en cuenta que el indicador no es ni mucho menos perfecto: sólo mide los delitos que fueron "eficazmente" sancionados por el sistema. Y está claro que, por razones diversas, nuestro sistema judicial es más eficaz en la sanción efectiva del robo con fuerza en las cosas (art. 238 CP) que en el castigo de la imposición a los trabajadores de condiciones ilegales mediante engaño o abuso de una situación de necesidad (art. 311 CP); también está claro, aunque suene un poco demagógico, que en la jerarquía de una red dedicada al tráfico de droga es más fácil atrapar a los camellos que a los peces gordos, por ejemplo. En cualquier caso, ningún indicador va a ser perfecto, basta a estos efectos que busquemos el mejor posible y que seamos conscientes de la debilidad relativa de nuestras construcciones teóricas.

De la misma manera, deberíamos preguntarnos qué es lo que queremos decir con "extranjero" (revelándose que nuevamente hay por debajo una figura simbólica e indefinida). En sentido estricto, al menos para mí, por mi formación como jurista, la "extranjería" es una circunstancia jurídica, el vínculo de una persona con un Estado-nación distinto del nuestro; parece difícil postular que esta circunstancia formal genere automáticamente delincuencia. Muy probablemente, la "extranjería" se trata más bien de un "rasgo distintivo" con el que se construye una categoría social, en concreto, una categoría racial. Claro, el color de la piel, por ejemplo, es un "rasgo distintivo" que está prohibido utilizar en nuestro contexto cultural, salvo de manera subterránea. Así pues, a nadie en España se le ocurre buscar correlaciones entre "color de la piel" y "delincuencia", como sucede en otros países, aunque probablemente, también podrían encontrarse. Nuestro racismo se basa en "rasgos distintivos" aparentemente "culturales", de manera que nuestras teorías sobre la "raza" también son "culturalistas". En este contexto, la "extranjería", en términos jurídicos no sería tal vez el mejor indicador para medir esta supuesta "distancia cultural" (algunos nacionales serían percibidos por muchos españoles como extranjeros, por ejemplo).

La definición de la variable independiente (la extranjería) implica ya una teoría acerca de la relación de causalidad que tiene con la variable dependiente (la dependencia). Invariablemente, como ya hemos indicado, nuestras teorías al respecto se basan en afirmaciones sobre la "cultura". El sesgo que los psicólogos sociales han denominado "error fundamental de atribución" nos impulsa a destacar las variables "internas" (disposiciones mentales) respecto de las circunstancias contextuales. ¿Qué conexión podría haber entre la "extranjería" -en términos "culturales" o "étnicos"- y la delincuencia? La respuesta fácil: como los extranjeros vienen de otras sociedades, con otros valores, no están "socializados" en los principios que rigen nuestra convivencia. Si pretende ser una explicación más o menos global, esta respuesta es absurda, porque se basa en una inaceptable consideración de la "inconmensurabilidad" de las sociedades como compartimentos estancos totalmente ajenos los unos a los otros y sin rasgos comunes. La inmensa mayoría de los delitos que se cometen en España, tanto por españoles como por extranjeros, consisten en conductas que también están mal consideradas, prohibidas y perseguidas (a veces con exceso) en los países de donde vienen los migrantes.

Así es como terminamos borrachos de meca-cola. Postulamos que la delincuencia extranjera se debe a que los migrantes "no se integran" y los que peor se integran -para este discurso culturalista- son los "musulmanes", ergo, son las malignas esencias del Islam las que los convierten en criminales. Esto es completamente absurdo, claro. La mayor parte de los reclusos cumplen condenas por delitos contra el patrimonio o contra la salud pública y está claro que el Islam condena fuertemente ambos tipos de conductas (que en los países musulmanes están penadas, incluso de manera muy excesiva). Es como si algún telepredicador norteamericano -alguno habrá que lo haga- atribuyera los delitos violentos cometidos por bandas latinoamericanas a su catolicismo, como si alguna encíclica papal animara a la constitución de bandas rivales. Ciertamente, no es extraño que la conducta de las personas se contradiga con los principios abstractos que teóricamente "deberían" regirla (lo que se racionaliza de formas diversas); esto es así simplemente porque las relaciones sociales y materiales reales se imponen a menudo sobre nuestro mundo imaginario. Eso no implica que los factores "culturales" sean completamente irrelevantes; ciertamente, si alguna vez se ha producido en España alguna mutilación genital femenina, el factor más inmediato -no el único, claro- habrá de ser la pauta cultural que la prescribe o permite. Ahora bien, dado que no existen las "culturas" como segmentos estáticos, discretos y de fronteras bien delimitadas, a menudo también operan como factores en la producción de los delitos determinados patrones culturales que no resultan tan ajenos a nuestra sociedad como la mutilación genital femenina (y en estos casos, la mayor extensión de la pauta cultural disminuye a menudo la "saliencia" del delito); así, por ejemplo, el citado delito del 311 CP puede vincularse a la lógica de la maximización del beneficio en la utilización de la fuerza de trabajo, extendida ya por todo el mundo a través de la expansión del capitalismo.

Si se quiere buscar una relación global entre la condición de "extraño" y la conducta antisocial, incluso aunque ésta se considere también antisocial en los países de origen, podría considerarse que los extranjeros pueden ser víctimas de una cierta anomia personal (también puede haber, por supuesto, una cierta anomia entre los auctóctonos, aunque las causas podrían ser distintas). Sabemos, por ejemplo, que los indígenas emigrados del campo no industrializado a la ciudad en los países pobres pueden experimentar dificultades de integración personal (y muchos terminan, por ejemplo, volviéndose alcohólicos). Si una persona se ha separado muy radicalmente de su entorno social, de sus figuras y patrones de autoridad, de sus relaciones sociales integradoras, terminando en un mundo muy distinto, que frecuentemente arroja a esta persona a los márgenes, podría encontrar dificultades para "interiorizar" las normas sociales de conducta y de adaptarse a su nueva situación. No obstante lo anterior, si bien puede ser interesante analizar esta posible anomia personal o cultural con objeto de mejorar las condiciones de vida de los propios migrantes y la integración de nuestra sociedad, parece poco oportuno situar este factor cultural entre las causas principales de la delincuencia cometida por extranjeros. Desde luego, el choque no puede ser tan grande como el que sufren los indígenas que cambian radicalmente su modo de vida, dado que nuestros migrantes provienen fundamentalmente de un entorno ya industrializado y a grandes rasgos "moderno", aunque nos pueda costar trabajo percibirlo así.

Pero es que, además, si volvemos a detenernos en los delitos que verdaderamente llenan nuestras cárceles de "extranjeros" y "auctóctonos" (los delitos contra el patrimonio y los delitos contra la salud pública), no creo que sea difícil deducir la importancia que en ellos tiene la posición en la estructura social y económica. De hecho, es precisamente esta posición lo que produce y reproduce la anomia social de la periferia de una sociedad respecto a los patrones de conducta dominantes en el núcleo. Otra vez, desde el punto de vista de la búsqueda de conexiones de causalidad no es la conciencia de las personas lo que determina su existencia, sino su existencia social (sus relaciones sociales y económicas reales, su segregación en los mercados y en la vida económica, sus posibilidades de acceso al bienestar) lo que determina su conciencia, al margen de que a efectos penales, o incluso morales, mantengamos las nociones de responsabilidad individual.

Cuando se hacen este tipo de afirmaciones, no sé por qué, uno piensa inmediatamente en conexiones simplistas como "los pobres roban", como si todo lo que fuera salirse un poco del esencialismo cultural fuera simplista ¿Por qué el grupo étnico de los "gitanos" ha tenido una clara relación con el tráfico (y el consumo) de droga? ¿Alguna disposición genética? ¿Su "alma" tiene disposición para el crimen? ¿sus ancestrales tradiciones culturales tenían alguna especial relación con la droga? Ya se ha estudiado ampliamente cómo los grupos étnicos presentan a menudo relaciones de interdependencia, simbiosis y subordinación en sus relaciones sociales y económicas (por ejemplo, BARTH 1969). A estos efectos, un grupo étnico especializado en determinadas manifestaciones de economía informal de cierta marginalidad respecto de la sociedad sedentaria presenta muchas probabilidades de adaptarse a la aparición de una nueva mercancía ilegal, pero muy habitual y a un comercio marginal muy lucrativo.

Esto nos lleva al problema más importante de validez interna de la postulación de conexiones entre "extranjería" y "delincuencia". Si no queremos acabar borrachos de meca-cola, tenemos que controlar las posibles variables perturbadoras y convertirlas en "variables de control" a la hora de buscar correlaciones estadísticas. Así, por ejemplo, si quiero comprobar si el consumo de refresco de cola afecta a la conducción, tendré que tener en cuenta otros posibles factores que pudieran afectar a los accidentes de coche; puede ser que encontremos una correlación estadística positiva, pero ello puede deberse, por ejemplo, a que los consumidores de cola sean en general más jóvenes (y por tanto, a modo de hipótesis, más inexpertos o menos prudentes); para controlar esta variable perturbadora, debería buscar si existe también una correlación positiva entre consumo de cola y accidentes de coche entre los conductores más maduros.

Otro ejemplo más racial es el de la "inteligencia de los negros". En el pasado, se ha demostrado, ejem, "científicamente", la "inferioridad intelectual" de la "raza negra", conclusión que en aquel momento resultaba muy "conveniente". Aquí no sólo se plantean problemas de "validez de constructo" (¿qué es lo que mide exactamente el cociente de inteligencia y qué queríamos medir?), sino también de "validez interna" (¿están influyendo variables socioeconómicas asociadas al color de la piel a través de las categorías sociales construidas sobre rasgos distintivos fenotípicos?) Exactamente lo mismo sucede con las conexiones entre "extranjería" y delincuencia. Es evidente que los factores socioeconómicos (pobreza, marginación, posición social, división del trabajo interétnica...) influyen en la comisión de delitos o de determinados delitos cuantitativamente muy importantes. Es evidente que muchos extranjeros están "condenados" por razones sociales y sobre todo legales a participar en los sectores informales, pero muy importantes, de nuestra economía y que existe una conexión clara, aunque no absoluta entre la economía informal y muchos delitos (delitos contra la propiedad intelectual, tráfico de drogas y delitos asociados a este tráfico o al consumo, delitos relacionados con la prostitución, etc.) Así pues, una teoría será más válida cuanto más haya sabido aislar estas variables en la búsqueda de correlaciones, si es que quiere ocuparse únicamente de esta posible "anomia cultural". Si se utilizaran herramientas teóricas apropiadas, no sé si seguirían encontrándose correlaciones, pero lo que es seguro es que no serían tan llamativas.

Lo que pasa es que puede ser algo incómodo redefinir nuestra posición teórica para buscar con mayor precisión y sin juicios morales las causas de los fenómenos que nos inquietan. Porque entonces no podemos "echar balones fuera" de nuestra sociedad, hacia los extranjeros portadores del Caos, los demonios de la serpiente Apep. La delincuencia de nuestra sociedad no es un problema externo, sino un problema de nuestra sociedad (que, por supuesto, abarca e incluye a los extranjeros que viven en ella). Son las propias dinámicas de nuestra sociedad: la economía informal como simbiótico marginal de la economía formal, los lucrativos negocios de la droga y la prostitución, la segregación de nuestros mercados de trabajo, los excesos de la lógica del beneficio económico... las que producen y reproducen sus contradicciones. Si la inmigración es hoy un fenómeno estructural de nuestra sociedad, es un elemento añadido al sistema y por tanto también puede asumir un rol, un papel en determinadas formas de delincuencia; pero globalmente lo hace en interconexión con una estructura más amplia y no como una especie de virus que destruye un orden idílico construido por alguna divinidad creadora en el centro del mundo al principio de los tiempos.

EXTRANJERÍA Y DELINCUENCIA (I): LAS PALABRAS MÁGICAS

Hay afirmaciones que estamos inclinados fuertemente a creer; nuestros más selectos prejuicios sólo necesitan algunos indicios para sustentarse, indicios a los que a menudo nos agarramos casi desesperadamente para poder confirmar cuanto antes nuestras sospechas y así tranquilizar nuestro espíritu. En este proceso tendemos a eliminar la mayor parte de los matices y a simplificar una realidad que suele ser mucho más compleja. Pronunciar una de estas "fórmulas mágicas" suele aparejar la inmediata aprobación de la audiencia (por ejemplo, "nuestros gobernantes desperdician y malgastan el dinero de nuestros impuestos"). En cierta medida, esto es lo que sucede con la invocación de las (supuestas) conexiones entre "extranjería" y "delincuencia". Digo que "en cierta medida" porque en muchos casos esto se disfraza con una cierta ideología de lo "políticamente correcto": el miedo a vernos a nosotros mismos como "racistas" nos obliga a veces a pintar las conexiones de manera subterránea, como haría un vecino cotilla que sugiere con pelos y señales lo que "la gente dice" de una persona, afirmando que por supuesto, él no cree en esos rumores. Por eso, el mero hecho de poner juntas estas palabras ("extranjería" y "delincuencia") en el mismo escrito ya me crea una cierta intranquilidad. Tal es el poder oculto de los nombres que su mera invocación agita ya lo profundo de nuestras vísceras.

En efecto, el miedo a lo extraño y a los extraños permitió a nuestros lejanos ancestros sobrevivir y reproducirse, de manera que nuestros cuerpos han terminado ciegamente "programados" por la evolución biológica para desarrollar ese temor. Los extremos se tocan: caprichosa como sólo pueden ser los dioses, la Madre Naturaleza nos preparó también para la "solidaridad" a través de lo que se ha dado en llamar "aptitud inclusiva". Ahora bien, el ser humano, zoon politikon, es también un animal cultural; estas abstractas y contradictorias aptitudes humanas evolucionadas sólo tienen sentido en el contexto de seres humanos concretos, inmersos por tanto en un laberinto de símbolos, de representaciones culturales y de relaciones sociales que conforman en cierto modo nuestra realidad y nuestro entorno. Aunque la aptitud para el "altruismo" pueda explicarse remotamente en la supervivencia y propagación de los genes "egoístas", en los homo sapiens, se proyecta simbólicamente hacia todo tipo de grupos sociales construidos al margen del parentesco biológico, aunque a veces construidos con metáforas relacionadas con el parentesco social (la "Madre Patria", la "fraternidad cristiana"). Como han estudiado los psicólogos sociales, tenemos una tendencia -con todos sus matices- hacia una cierta solidaridad dentro de lo que consideramos nuestro grupo social, acompañada de un rechazo, y frecuentemente un cierto miedo hacia los que no pertenecen a este "grupo".

Esta "verdad" de la experiencia humana se hace explícita a través de nuestros mitos, de las narraciones que nos contamos a nosotros mismos y que contamos a los demás y que expresan los más profundo de nuestros sueños. Nos cuenta Eliade que las civilizaciones antiguas se veían a sí mismas como un orden cósmico surgido en el "Centro del Mundo" a partir de un Caos informe. Más allá de las fronteras de este "centro" se encontraban el desierto y la noche, el caos y las potencias infernales; es el mundo de los monstruos y de los extranjeros, de las criaturas de la serpiente Apep que amenazan continuamente con destruir el orden establecido. El mito de la "invasión de los extranjeros que traen el caos" es por tanto un potente símbolo sobre el que individualmente proyectamos nuestros temores, nuestra inseguridad y nuestra ansiedad personales y sobre el que colectivamente conjuramos las contradicciones que intuimos en nuestra propia sociedad, al estilo de los viejos ritos expiatorios, que traspasaban el "pecado" o el mal rollito a la víctima propiciatoria. Comenzamos nuestra andadura con las antiquísimas invocaciones del egipcio Ipuwer: "Las tribus del desierto se están convirtiendo por doquier en egipcios [...] ciertamente el desierto cubre toda la tierra, los nomos han quedado devastados y los bárbaros del exterior han venido a Egipto".

Aún cuando las comunidades políticas sean tan amplias como los modernos Estados-nación estructurados en torno al capitalismo industrial, tendemos a construir una relación simbólica, imaginaria con nuestros "compatriotas", haciendo que los "extranjeros" cumplan el papel de las fuerzas exteriores que amenazan con destruir el orden cósmico de nuestro centro-del-mundo particular. Por supuesto, hay muchos matices aquí, dado que en nuestra granja postindustrial algunos extranjeros son más extranjeros que otros. En cualquier caso, la propia palabra "extranjero" nos sugiere ya de algún modo el caos indefinido que se opone conceptualmente a nuestro orden. Quizás recuerden "Mucho Apu y pocas nueces", un episodio de los Simpson, mitología moderna: un oso aparece casualmente en Springfield, generando una sensación de inseguridad en los ciudadanos; decide crearse una impresionante patrulla anti-osos que utiliza la más avanzada tecnología y supone una inversión desmesurada e inútil (dado que salvo aquel incidente aislado no hay osos en la ciudad); la consiguiente subida de los impuestos provoca indignación entre los habitantes de Springfield y finalmente el Alcalde Quimby dice que la culpa de todo la tienen los inmigrantes ilegales, aprobándose una propuesta para deportarlos a todos. Más allá del esperpento, la parodia nos hace reir porque nos vemos hasta cierto punto reflejados; ya hemos visto que no es extraña esta proyección hacia los "Otros" de nuestra indefinida sensación de inseguridad personal (el miedo a los osos) y de las contradicciones de nuestra sociedad (los impuestos generados por la patrulla anti-osos).

Este potente sesgo ("extranjero --> delincuencia") plantea problemas tanto éticos o políticos como epistemológicos. Estos últimos requieren un análisis más detallado y nos ocuparemos de ellos en la próxima entrada. De momento, vamos a suponer que fuera cierta la conexión que un buen número de españoles -quizás la mayoría- establece entre "extranjería" y "delincuencia"; aún así, enfatizar en el discurso este vínculo en el discurso produce y reproduce todo tipo de problemas que hay que considerar:

De un lado, estos discursos casi nunca proponen soluciones concretas a los problemas sociales, contentándose con expresar, con cierto fatalismo, lo dramático de la situación, descargando un poco la ansiedad en el momento, pero multiplicando a la larga la incómoda sensación de intranquilidad que los extraños nos producen, a fuerza de decirnos a nosotros mismos lo "malos "que son. Cuando se enuncian propuestas de cambio, suelen ser utopías racistas generales y vagas, que en el fondo persiguen que los extranjeros no "estén ahí", pero poco operativas, o bien se hacen alusiones a mayores restricciones de la legislación de extranjería, sin conocer bien ni el contenido ni los efectos de la legislación vigente. Si queremos resolver problemas concretos, tal vez debamos "operacionalizarlos" más allá del uso de "palabras mágicas" ambiguas y abstractas que sirven para conectar con nuestras vísceras más que para organizar la percepción, pero esto nos remite a esa otra parte epistemológica.

De otro lado, los efectos de la fórmula mágica son muy peligrosos. Es evidente que puede avivar el fuego de la xenofobia, provocando todo tipo de conductas discriminatorias que sitúen a las personas en una posición sistemática de desigualdad en virtud de una "generalización", es decir, de la aplicación de un "género" o categoría social. En cualquier caso, puede aumentar la marginación de los colectivos extranjeros, incrementando las conductas "desviadas", como una especie de profecía autocumplida. En Sociología y Criminología es muy conocida la Teoría del Etiquetaje, según la cual la categorización de una persona como "delincuente" tiende a reproducir de algún modo en ella la pauta social indeseada.

Cuando los políticos utilizan este tipo de conjuros mágicos para conseguir el favor popular, podríamos decir que están haciendo "demagogia", en el sentido más estricto del término. De este modo, se hacen invisibles los problemas sustanciales y nuestra preocupación se canaliza hacia un mundo imaginario que representa de manera figurada el mundo real; como decía Eric Wolf en relación con la ideología "El pensamiento simbólico sustituye las contradicciones de un universo imaginario por las reales". De momento, los políticos de los partidos parlamentarios no han querido hacer explícitas las supuestas conexiones entre "inmigración" y "delincuencia" con la crudeza con la que se manifiestan en el debate ciudadano (donde se vinculan a menudo sin tapujos), diríase que son conscientes de los peligros de estos vínculos y del importante papel que juega actualmente la migración en nuestra economía, no es plan de acabar con la gallina de los huevos de oro. En todo caso, sin llevar sus afirmaciones hasta el extremo, sí que están jugando -cada vez más- a utilizar las "palabras mágicas" al modo indirecto y relativamente sutil del vecino cotilla que antes denunciábamos. Esto puede ser incluso más peligroso: cuando el racismo combate al descubierto es más fácil detectarlo; en cambio, cuando "va de tapadillo" es capaz de introducirse por todos nuestros orificios y alcanzar nuestro flujo sanguíneo sin que nos demos cuenta.

Ya hemos hablado suficientemente del "contrato de integración". Pero no es el único ensalmo que se ha recitado en el circo electoral al que últimamente asistimos. Un buen ejemplo de lo que estamos diciendo pueden ser las declaraciones que hace poco emitió Esperanza Aguirre. Como saben, es del mismo partido que Rajoy, pero hay que aclarar que no se trata de un problema que afecte exclusivamente al PP (aunque se está luciendo últimamente) o a los partidos políticos. Los políticos recogen -interesadamente- el discurso que antes hemos oído en la calle y la calle somos todos. No importa tanto el espectáculo de la campaña electoral como el problema que hay de fondo y que persistirá cuando se marche el circo. ¿Qué fue lo que dijo?

"[...] nada tienen que ver los inmigrantes con los delincuentes, (como digo), la mayoría de los inmigrantes vienen aquí a trabajar, pero es verdad que vienen extranjeros a delinquir porque es verdad que es muy barato delinquir en España".

Vale, nada tienen que ver los inmigrantes con los delincuentes, pero entonces ¿a qué viene sacar el tema? Pues al parecer, estaba contestando a una pregunta sobre por qué había aumentado (supuestamente) la inseguridad ciudadana en los últimos meses en la Comunidad de Madrid. Para "salir del paso" sin plantearse con más profundidad las cosas, lo más fácil es invocar el fantasma del extranjero delincuente, que todos reconocemos inmediatamente en el fondo de nuestras vísceras, sobre todo en estos tiempos interesantes. El mensaje subterráneo -supongo que no pretendido por la Presidenta, pero el efecto es el mismo que si lo pretendiera- es el trasvase de los "pecados" de la sociedad hacia el chivo expiatorio del extranjero. Para conseguir esto sin negar la mayor de la migración, hay que establecer una simpática dicotomía entre el "inmigrante bueno", el que trabaja (adviértase el énfasis en el papel productivo) y el "extranjero malo", el que "viene aquí a delinquir porque es barato en España".

Evitando entrar en la cuestión de la baratura, que tiene miga, seguramente que sea cierto que haya extranjeros que hayan venido a España "a delinquir" ¿por qué no? Una banda criminal transnacional puede enviar a alguien a nuestro país para atender estos negocios ilícitos o para realizar un "trabajito" concreto, pero ¿estos supuestos son cuantitativamente importantes para explicar el supuesto crecimiento global de la inseguridad ciudadana, la de andar por casa? No, pero así, de momento, la Presidenta consigue escapar de las preguntas, entregando a los extranjeros la patata caliente. El problema es que la reiteración de este tipo de discursos públicos va alterando poco a poco nuestra percepción: ese mafioso que "ha venido a España a delinquir" se convierte en el prototipo para percibir al extranjero que delinque (¿creen ustedes que la inmensa mayoría de los extranjeros que delinquen vinieron a España "a delinquir" y porque era barato?) y, en último término, del resto de los extranjeros, por si acaso, que aún conservamos ese temor atávico con cuya descripción comenzaba esta entrada.

Aún siendo ya conscientes del peligro que tiene remarcar las supuestas conexiones entre migración y delincuencia podríamos preguntarnos ¿estos peligros exigen una censura políticamente correcta que nos impida pensar sobre estas conexiones? ¿Se está sugiriendo en este blog que nos engañemos, que evitemos profundizar en el conocimiento sobre esta materia? ¿Será eso aún peor, porque nos llevaremos las tortas en la cara cuanto menos nos lo esperemos? Esto nos lleva de cabeza a los dilemas epistemológicos que antes mencionaba. Nunca es malo hacerse preguntas, pero siempre es mejor preguntarse si las preguntas que nos hemos hecho eran las apropiadas.

LA LETRA PEQUEÑA DEL "CONTRATO DE INTEGRACIÓN"

Permítanme una parábola de "anarquista místico": a mí las campañas y precampañas electorales me recuerdan a un mercado donde infames pescaderos vocean una mercancía ya maloliente sin contarnos que ya está "to el pescao vendío" y que los "vendíos" éramos nosotros sin saberlo. Ya saben que en este blog nos resistimos un poco a hablar de la actualidad más rabiosa para evitar que los intereses del momento distorsionen la política, que es el arte de vivir en sociedad. Cómo iba a hablar entonces de algo que se propone en una precampaña electoral, aunque sea el tema migratorio el que haga saltar al hombre-bala en el circo del politiqueo. Mi ego -junto con mi superyó- me repetía incesantemente que aquí nos ocupamos de cosas más serias. Mi "ello" empezó sin embargo un agitado borrador que ahora borro mientras escribo, después de dejarme un tiempo prudencial para pensar. Frente al uso interesado y electoralista de la cuestión migratoria, sólo cabe exigir "un poquito de por favor" y de seriedad, pero eso ya lo han hecho en otra parte y bien dicho está.

Ahora bien, también puede ser que pensando un poco sobre esa patochada del "contrato de integración" para renovar el permiso de residencia inicial, una medida tan inútil como aparentemente inocua, podamos descubrir alguna otra cosa que nos sirva para algo cuando el circo se haya marchado de la ciudad; vamos a intentar entonces leer la letra pequeña del contrato al tiempo que, inevitablemente, criticamos la propuesta del PP, esperando no haber entrado con ello en la hedionda pescadería.

Leí en la prensa que se pretendía que dicho "contrato" tuviera "efectos jurídicos". Esto, entendido literalmente es un disparate que recuerda al simpático "compromiso de actividad" de la prestación de desempleo. Yo sé que lo de privatizar está de moda y tiene su morbillo en estos tiempos que corren, pero privatizar algo tan público como el Derecho Público es mucho pedir. El fundamento de nuestro deber de sometimiento a la ley o de nuestra obligación de pagar impuestos (que siempre se resalta de manera separada, la pela es la pela) no puede ser la firma de un contrato, como tampoco debe ser un contrato el título jurídico del que proceden los derechos básicos que tenemos como "ciudadanos" (o asimilados).

Si nos creemos que es un contrato, este "contrato de integración" sería una especie de "contrato de adhesión" (aquellos que usted "libremente" firma con los que "le pueden" en combate singular y que toma o deja como las lentejas); pero un contrato de adhesión "a lo bruto", porque en éste no se puede negociar el contenido de sus cláusulas ni siquiera en teoría (o si uno resulta ser un extranjero poderoso en singular combate). En todo caso, quería centrar nuestra atención en otra cosa: en los contratos bilaterales, las obligaciones son recíprocas; eso quiere decir que, si una de las partes no cumple, la otra puede quedarse sin cumplir (a eso en chino mandarín le llamamos exceptio non adimpleti contractus) ¿Qué pasaría si el Estado no cumple su parte? ¿Estaría legitimado el extranjero para incumplir la ley? ¿Puede incumplir su contrato a posta cuando la otra parte no cumple, dado que no puede renegociarlo? Evidentemente no; cuando se mencionan los "efectos jurídicos" del contrato de integración se está hablando en realidad de usar el contrato como envoltorio de un caramelo envenenado: una reforma más restrictiva de la Ley de Extranjería. En sentido estricto, por tanto, los únicos efectos que se pretenden para este contrato son los de carácter simbólico.

¿Efectos simbólicos para quién? A priori podríamos decir, para el extranjero. Si nos ponemos antropológos, diríamos que este contrato es un rito de paso que integra al extraño en el grupo. En las sociedades modernas, el "contrato" es una divinidad muy apreciada: según sus mitos más importantes (sigamos por ejemplo al profeta Hobbes), el contrato es el héroe fundador de la sociedad, que instituyó el orden en el mundo sobre el Caos ctónico del brutal Estado de Naturaleza; más adelante, el espíritu de los contratos sigue acompañándonos, inmanente a la realidad humana: es el cimiento de sus relaciones más verdaderas, así como la legitimación teológica -desde un remoto reino de los cielos metafísico de individuos libres, autónomos e informados- de las desigualdades sociales y económicas (usted lo eligió libremente y ahora se aguanta). No es de extrañar entonces que sea el contrato la divinidad invocada en esos ritos de paso que el aspirante a jefe de la tribu nos propone. Podríamos decir que es un asunto de legitimación del poder: si el poder estatal se fundamenta en el control democrático ¿en qué se fundamenta el poder que el Estado ejerce sobre más de cuatro millones de residentes con vocación de permanencia que no tienen derecho al voto? Porque si votaran, claro está, otra cosa cantaría el gallo. No nos quedaría entonces sino invocar a nuestros ancestros, Hobbes, o incluso Rousseau, si ustedes son multiculturales y prefieren al buen salvaje.

Pero ¿creerán los oscuros primitivos en los dioses modernos por la mera repetición de los obligados rezos? Incluso en la integrada España, algunos modernos y por tanto creyentes en el contrato como herramienta para la vida en sociedad, nos empeñamos en negar la literalidad de nuestros mitos; no hay manera de renegociar el contrato social que propugna la teología iusnaturalista o de negarse a firmarlo, España y usted somos así señora. Si nosotros, que somos gente de orden e integrados a las buenas costumbres, nos permitimos chuflearnos del invento, ¿qué no harán los malvados salvajes, sumidos en el Estado de Naturaleza precontractual, esos que mutilan clítoris y espantan con sus costumbres al aspirante a Sumo Hierofante? Las películas nos informan que a los malos no les suele importar su honor de caballeros y quizás menos aún si les da por integrarse a todas las "costumbres españolas", incluyendo nuestra autoproclamada informalidad, que horrorizaría a los lores ingleses. Desde esa perspectiva, el simbolismo de la medida parece tan útil y práctico como ese famoso cuestionario para entrar en EEUU donde te preguntan si has participado en las persecuciones emprendidas por los nazis. Por si alguno se despista, más que nada.

Nos queda otra opción: los verdaderos destinatarios del rito son los españoles que reciben al neófito extranjero, una vez purificado por el poder taumatúrgico del contrato e iniciado a una nueva vida plenamente constitucional. Decía Victor Turner que el símbolo, la unidad más pequeña del ritual, une las indefinidas sensaciones de nuestras vísceras con las estructuradas normas de la organización social. El ensalmo del chamán barbudo se dirige a los ciudadanos (es decir, a los que tenemos el derecho al voto), toma de nuestros intestinos la indefinida sensación de pánico que nos producen los extranjeros y la canaliza hacia las pautas de su programa electoral. El conjuro dice: a ustedes les preocupa la migración, a nosotros también; ustedes quieren extranjeros integrados, esto es, que no se noten, nosotros también. Como sucede habitualmente en el discurso político, el espectáculo de prestidigitación hace desaparecer el análisis del problema y convierte la solución en una cuestión de voluntad. La espinosa cuestión de la integración se simplifica hasta llegar a dos proposiciones implícitas asumidas desde una perspectiva radicalmente individualista: los inmigrantes "no se integran" y no lo hacen porque no quieren; se firma un contrato y en paz. Esto conecta con nuestras vísceras y enfoca nuestros miedos, dándole legitimación a nuestro discurso xenófobo; antes de que el PP sacara esta propuesta ya me había encontrado en el debate público que en algunas ocasiones las posiciones abiertamente xenófobas se argumentaban en base al mito de un eventual "contrato" que implicaba la presencia del extranjero en nuestro país, también entendido todo desde una perspectiva individualista y moralista; si está aquí tiene que cumplir y si no que regrese a su país. ¿Qué tiene que cumplir? Pues claro, el contenido que imaginamos en el contrato depende de nuestras preferencias personales, de nuestros odios particulares, de nuestros miedos específicos (y cada uno tiene los suyos); en definitiva, es una encarnación de nuestra incomodidad indefinida que un día expresamos de una manera y otro día de otra. Ya dicen los sabios que los símbolos no pueden tener un significado definido, para que puedan contener todos los significados. Menuda letra pequeña.

Así que la ambigua referencia a las "costumbres", poco apropiada para este tipo de "contrato" no es azarosa, sino que tiene su papel, conectar con aquello que más nos disguste de los extranjeros, sea lo que sea, aunque no sea políticamente correcto y por tanto no pueda aparecer en el conjuro. Ciertamente, los críticos hemos leído la propuesta del PP con electoral mala baba; de lo contrario, la referencia a las costumbres nos hubiera parecido una declaración de interculturalidad que podríamos compartir de no ser por su leve esencialismo: ellos toleran las costumbres ajenas que se encuentran y el Estado su exótico folclore. Sin embargo, todo este revuelo que se ha formado alrededor de la ambigua mención a las "costumbres" se debe a que entre sus líneas se esconde un mensaje subliminal muy poco inocente, muy poco responsable y muy peligroso: meta en "costumbres" aquello que quiera proteger de los bárbaros invasores, aunque luego el Estado no lo vaya a conceder si la ley no lo establece. La prueba de que este mensaje subliminal existe es que Rajoy -que me imagino que no fue el inventor de la propuesta- se lo ha creído. Cuando le preguntan a qué se refiere con "costumbres", en lugar de defenderse hablando de este respeto mutuo, buscando algo en lo que todos podamos tener intestinos similares, cae en la trampa de mencionar la mutilación genital femenina y demás, degradando su prohibición a una cuestión de "costumbres". O sea que, según Rajoy, ahora "respetar" es "acatar" una prohibición (como la de llevar velo en la escuela pública, por ejemplo). En cualquier caso, si este mensaje subliminal no existiera, no tendría sentido una formulación tan ambigua: ¿te expulsarán por no respetar las costumbres españolas más allá de la ley? ¿si lo hacen, no estarían cumpliendo la otra parte del contrato, la que habla de respetar las costumbres extranjeras? ¿La parte contratante de la primera parte es igual a la parte contratante de la segunda parte?

El efecto simbólico del conjuro no sólo consiste en darnos cuenta de que los ancianos de la tribu velarán por los problemas que nos interesan, incluso aunque no hicieran nada, sino también, como decía antes, en servir de envoltorio simbólico para un endurecimiento de la legislación de extranjería. Por que, si nos ponemos ahora jurídicos, es la ley y no un contrato, lo que determina la expulsión o permanencia en la legalidad de un extranjero. ¿En qué consistiría ese endurecimiento? Me imagino que en favorecer la expulsión -jurídica, que no material- de los extranjeros que lleven al menos un año de residencia legal en el país (queríamos trabajadores y vinieron personas), impidiendo renovaciones sucesivas, cuando sucedan determinadas causas. La condena del Hierofante no nos parecerá dura, porque los muy traidores habían firmado un contrato y los muy felones lo han incumplido: los preceptos legales tendrían una conexión con los preceptos sagrados pero ambiguos del contrato, que, no lo olvidemos, habían conectado previamente con las pulsiones de nuestros intestinos.

Y ¿en qué consisten las Tablas de la Ley aparte del comodín de las "costumbres españolas"? Pues uno, en cumplir la ley, claro, igual que los españoles; ¿legitimaría eso una legislación draconiana que castigue con la máxima pena la mínima infracción? ¿Y si un inmigrante se integra tanto en las" costumbres españolas que le da por esnifarse una raya de cocaína, cuyo consumo supone una infracción administrativa? Dos, en cumplir la ley con especial interés en el pago de impuestos (esperemos que aquí no se adapten demasiado a las "costumbres españolas"). Tres, en trabajar, que pa eso vienes y procura ser sumiso en el trabajo, porque como te echen y no encuentres curro te echamos nosotros; claro, a nadie se le escapa que todo lo que sea aumentar la dependencia entre las renovaciones y la conservación de un empleo, aunque tenga su lógica, va a favorecer la precariedad laboral de nuestro ejército de reserva particular y de los españoles con los que concurren en el mercado (si ya se exige una cierta cotización para renovar, supongo que exigirán más). Cuatro, aprender español por cojones y euskera y eso si tienes ganas. Esto último merece mención aparte, porque en esta ocasión nuestros camaradas liberales del PP precisan de un poco de sano liberalismo.

El Estatuto de Autonomía Catalán indica que todos los catalanes tienen el derecho y el deber de conocer la lengua catalana y sabemos que hay muchos catalanes que no la conocen bien. ¿Significa eso que el conocimiento de la lengua debe transmitirse agresivamente? Esperemos que no, por el bien de los catalanes. La otra cuestión es ¿hace falta esa imposición con el castellano en España? El inglés no es ni siquiera la lengua oficial de la primera potencia mundial, pero gracias a su poder, tenemos que estudiarlo todos por narices. Los inmigrantes deberían aprender castellano por la cuenta que les trae. Y mayoritariamente lo hacen: los de la primera generación, de manera imperfecta como humanos que son, especialmente los más mayores; los de la segunda (que curiosamente seguimos considerando inmigrantes), si están adecuadamente escolarizados, lo harán de manera sencilla y automática... bno, al mns en la msm mdida k nstros jvnes spañols. Cambiando de perspectiva, si el incentivo de aprender castellano es tan evidente ¿por qué algunos no lo hacen? Una vez más no nos enteramos de la película si leemos el tema en clave individualista (no aprenden español porque no quieren, así que firmamos un contrato y en paz). La manera principal de aprender un idioma es la interacción comunicativa, así que tendrán más problemas quienes están, por ejemplo, más segregados en el mercado de trabajo y discriminados en los alquileres, salvo en el guetto de turno. Estará bien que, además, las instituciones den clases de español de nueve a once de la mañana, pero habrá que plantearse por qué no acuden a ellas algunos de nuestros laboriosos obreros del lejano invernadero o nuestras industriosas empleadas domésticas internas. El aprendizaje de la lengua se consigue poco a poco con más integración sustancial, no con la invocación mística de un contrato.

En último término, poner más trabas para la permanencia de los que ya están aquí sería una buena estrategia para aumentar el número de los irregulares, esos que van a dejar de existir cuando gobierne el chamán, que tampoco va a hacer regularizaciones extraordinarias (a ver qué nombre les pone cuando toque). La "expulsión" jurídica sí que es un conjuro poderoso: condena a la víctima a desaparecer del mundo de la regularidad, pero en un gran número de ocasiones su cuerpo serrano permanece en el más acá de la nación española.

En otro orden de cosas, si miramos el contrato más desde arriba, nos encontramos con que refleja un modelo de "integración" defectuoso que sigue en nuestras cabezas. Primero, aunque llama a la "integración", simbólicamente separa a los que necesitan contrato para integrarse en la sociedad de los que no, estableciendo regímenes separados. Segundo, entiende la integración de los extranjeros como un problema que corresponde exclusivamente a los extranjeros como individuos y al Estado, de manera que no implica en el proceso a la sociedad civil española ni a las redes sociales, asociativas y familiares de los extranjeros. Tercero, parece entender que la integración de los extranjeros sólo afecta a los de fuera de la UE-23 (qué haremos pues con los rumanos, la última bestia negra del racismo más español). Cuarto, parece entender que la integración es un asunto que sólo se refiere a la extranjería, cuando es un proceso social más grande y nunca terminado al que los extranjeros simplemente se incorporan (a mi juicio una sociedad donde mucha gente se manifiesta contra los matrimonios del mismo sexo es una sociedad con problemas de integración de la diversidad).

En definitiva, leyendo entre líneas el contrato que se propone para los migrantes lo mismo podemos contemplar las aristas de ese gran reto para nuestra sociedad que es su integración, es decir, la superación continua de sus disfuncionalidades. Quizás de esta manera podemos encontrar los problemas que las palabras mágicas habían procurado escamotear.

"PUTEADAS": LAS ÚLTIMAS DE LAS ÚLTIMAS

El debate sobre la eventual "legalización" de la prostitución nos divide a los feministas y no es para menos, porque el tema es complicado. Desde el punto de vista de la "moral" abstracta, al margen del contexto social en el que este fenómeno se sitúa, me sucede lo mismo que con la "poliginia": nada tengo que objetar a que cada uno (y cada una) gestione como prefiera los amores y los ardores de su vida; nadie soy yo para juzgar sobre cuerpos ajenos. Pero creo que nos falta perspectiva si contemplamos las conductas únicamente en abstracto, al margen del contexto social en que se producen, que es lo que habitualmente gusta de hacer el liberalismo más ingenuo.

En este sentido, la prostitución "real" -como la poliginia "real"-, se comprende mejor cuando se sitúa en el contexto del patriarcado, esto es, del dominio de los hombres sobre las mujeres; nadie puede negar que, aunque naturalmente existen bastantes desviaciones del supuesto prototípico, la prostitución es una actividad muy feminizada (quizás la más feminizada de todas) y que los clientes son, casi exclusivamente varones. Tampoco creo que nadie pueda negar que prácticamente todas las "prostitutas" se encuentran en una situación patente de exclusión social, en los márgenes del sistema y con un status social muy degradado. Para constatar esto no hace falta meterse en el berenjenal de considerar que "vender sexo" es más "indigno" que otras transmisiones onerosas que realizan otras personas más "respetables". En la práctica, nuestra sociedad tiende a arrojar a las prostitutas más allá de nuestro mundo social, como si pertenecieran a una casta de "intocables". Está "bien visto" criticar a los famosetes de tercera división, que venden a los medios de comunicación "pornografía sentimental" de vidas propias y ajenas, pero aún así cuando uno se los encuentra por la calle no huye buscando una acera más cómoda, sino que, en el fondo, procurará impregnarse de su halo místico de glamour casposo para contar a deudos y parientes esa epifanía cutre. La gente "de orden" anima a las prostitutas a dedicarse a limpiar escaleras, pero nadie contrataría a una puta para limpiar la suya. Las personas destinadas a esta "casta" de extrema inferioridad social son sistemáticamente mujeres y se sitúan en esa posición tan desventajosa para satisfacer el deseo sexual de los varones. Para quienes están en contra de la regulación de la prostitución, "legalizar" esta actividad vendría a ser como una rendición frente a una forma especialmente intensa de explotación humana.

Yo por mi parte, estoy entre los que prefieren regularizar y hacer más visible esta situación, de manera que se atenúe en alguna medida la exclusión social que produce (y que se acentúa con un vacío legal que tiene algo de hipócrita), sin que ello implique renunciar a luchar contra las fuerzas que "arrastran" -a veces de manera forzada, a veces de manera "libre", pero en el marco de unos condicionamientos estructurales- a las mujeres a ejercer la prostitución. Entre otras cosas, porque creo que es lo que suelen preferir las prostitutas y a mí el "todo para el pueblo, pero sin el pueblo", no me convence casi nunca. No se trata únicamente de una cuestión simbólica, sino también material. Al fin y al cabo, tipos listos como Marx o Polanyi ya denunciaron en su tiempo cómo la conversión del trabajo en mercancía (a grandes rasgos, una novedad del capitalismo moderno) había producido una brutal disociación entre la persona y lo que hace, es decir, entre la persona y la persona misma, de consecuencias patológicas; la reacción defensiva de la sociedad ante esta ruptura no fue retornar a modos de producción domésticos, sino -entre otras cosas- regular el mercado de trabajo para vivir con dignidad esta diosciación. Hoy en día, al menos los trabajadores que disfrutamos de un cierto privilegio podemos vivir con la alienación sin que se nos caigan los anillos.

En este sentido, me parece muy oportuno establecer mecanismos de protección social para las personas que ejercen la prostitución. Ello implicaría necesariamente un cierto reconocimiento jurídico de la actividad, que incluso habría de gravarse con tributos (como mínimo, a través de cotizaciones a la Seguridad Social). Más difícil me parece aceptar la aplicación automática del régimen laboral, basado en la subordinación y en el ejercicio de poderes de dirección, control y disciplina por parte del empleador; seguramente sería más apropiado regular la prostitución como una actividad autónoma, en su caso, económicamente dependiente, con las exiguas garantías del nuevo régimen, aunque tengo mis dudas respecto a lo que habría que hacer con la subordinación real. Lo suyo sería perseguirla duramente una vez se estableciera el régimen autónomo, pero vamos, no sé si alcanzarían hasta lo más profundo de la economía sumergida las redes del, ejem, Leviatán.

En cualquier caso, traigo este tema aquí porque a nadie se le escapa que la prostitución hoy no es únicamente un tema de género, sino también étnico y vinculado a las vidas de muchas mujeres migrantes (en el peor de los casos, de manera forzada). Hemos señalado en otras entradas que los migrantes de hoy actúan como los forasteros carniceros de la Utopía de Tomás Moro, realizando los trabajos que el sistema requiere, pero que los nacionales no quieren hacer; así pues, era de esperar que se cubrieran con extranjeras las "vacantes" en la actividad profesional más degradada de nuestra sociedad. "Vacantes" ocupadas por mujeres migrantes irregulares y prostitutas: las últimas de las últimas al margen de los márgenes de nuestra sociedad.

Regularizar la situación de las prostitutas migrantes podría atenuar la debilidad de su posición en la sociedad. La irregularidad tiende a ser permanente, pues su "profesión" no permite regularizarse y la integración en el mercado de trabajo normalizado se hace progresivamente más difícil (véase supra la "parábola de la escalera"). Estamos hablando de cosas muy concretas, dado que esta situación de irregularidad supone un poder extraordinario en manos de "chulos", "mafias", "empleadores" y, en su caso "clientes"; el miedo a la expulsión y la precariedad extrema configuran un sujeto cada vez más dócil y sumiso a los dictados de quien está al menos unos peldaños por arriba.

Pero esta "legalización" se encuentra con fuertes paradojas y contradicciones; ¿qué requisitos exigir para el ejercicio de la actividad de la prostitución a los extranjeros? Si se reconociera la prostitución como actividad por cuenta ajena -lo que, como ya he señalado, no me parece oportuno- ¿aplicaríamos normalmente el Contingente, la Situación Nacional de Empleo, de Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura? Si se reconoce como actividad por cuenta propia, postura por la que me inclino ¿será positiva la consideración de que la actividad cree más empleo? ¿Cómo se restringiría el acceso de personas para ejercer la prostitución en España? Porque si no se restringe el acceso, o se restringe poco, el problema es que de esta manera probablemente estaríamos fomentando la prostitución como estrategia migratoria, como modo de sortear las restricciones que existen para acceder a la Unión Europea y por tanto alimentando y engrasando la maquinaria que arrastra sistemáticamente a muchas mujeres a la prostitución para convertirse en las últimas de las últimas de nuestra casposa Utopía, aún más abajo que los carniceros.

"Legalizar" la prostitución me parece una estrategia oportuna, con todos los matices que quieran, pero ello implica enfrentarse de cara con todas estas paradojas. A veces, en el debate, las mujeres migrantes permanecen misteriosamente invisibles y olvidadas, pero hoy en día cualquier propuesta al respecto tendrá que encajar en la realidad (post)moderna del transnacionalismo.

LOS CARNICEROS DE UTOPÍA (IV): LA "MANO INVISIBLE"... DEL TRABAJO IRREGULAR

El año pasado (¡qué lejos queda!), en la última entrada hablábamos de cómo una de las formas a través de las cuales se utiliza a los migrantes para obtener beneficios a bajo coste (maximizando el crecimiento económico global) es la economía sumergida. De hecho, da la impresión de que en España el tema de la inmigración nos lleva siempre a la espinosa cuestión de los "sin papeles", los inmigrantes irregulares.

Pero ¿todo el mundo tiene ese problema? Este verano interrogaba a mi amigo -y contertulio de este blog-, Pelu, acerca de las dimensiones del problema del trabajo irregular en Londres, donde ha estado trabajando mucho tiempo. Decía que no conocía nada de eso; que sí que había bastantes indicios de inmigración ilegal en base a documentaciones falsas, pero que no se conocía ese fenómeno del trabajo irregular (supongo que sí que existirá, pero que las dimensiones del problema no tienen nada que ver con las que adquieren en España). Nuestro espíritu científico demanda inmediatamente ¿cuál es la causa de esta diferencia? La respuesta más cómoda, como ya saben los aficionados al tema de las migraciones, es acudir inmediatamente a la "caja negra" barata y "demiúrgica" de la "cultura": los "ingleses" tienen "otra cultura"; como me decía hace tiempo un compañero sociólogo y politólogo, en la "cultura" podemos meter todo aquello que no sabemos explicar. Ya saben que uno es adicto al mantra marxista de que es el ser social el que determina la conciencia y no al contrario.

Por supuesto, mucho antes de que empezaran a llegar masivamente migrantes, la economía española estaba caracterizada por un gran protagonismo de la economía sumergida; más allá de la "cultura", los factores causales que han "estructurado" este fenómeno han sido seguramente muy variados. A mí en este momento me interesa resaltar que el protagonismo de la economía informal es una constante en los países de industrialización tardía e "imperfecta", como puede observarse hoy en los Estados surgidos de la descolonización. Ahora bien, lo que en un momento concreto puede identificarse como la subsistencia de modos de producción precapitalistas y preindustriales, domésticos, casi de supervivencia, termina integrándose en mercados no regulados, asumiendo la lógica capitalista de la maximización del beneficio; en países como el nuestro, la economía sumergida está integrada en un sistema más grande y omnicomprensivo, que abarca también a la economía formal y donde todas las piezas están encajadas de manera que se relacionan unas con otras en una especie de simbiosis como la del hongo y el alga en el liquen. Las condiciones de trabajo en las empresas pequeñas no están desvinculadas de las condiciones de trabajo en las empresas grandes en un entorno reticular de división del trabajo interempresarial.

A esto se añade que, como decíamos anteriormente, nuestra economía se ha especializado en sectores productivos que hacen un uso intensivo del trabajo, que por tanto tienen una escasa productividad y valor añadido (la agricultura o, en el sector secundario, la fabricación de juguetes o zapatos); posteriormente, el crecimiento económico se ha debido en gran parte al "ladrillo", sector que también hace un uso intensivo de la mano de obra; asimismo el empleo ha crecido particularmente -como en todas las economías desarrolladas- en el sector servicios, aquejado del mal de coste de Baumol, especialmente en la hostelería y el servicio doméstico. En todos estos sectores ha tenido tradicionalmente una enorme importancia la economía informal (a veces incluso "necesaria" para su supervivencia o desarrollo). Por su parte, la intensificación de la competencia internacional no vino sino a incrementar esta tendencia; así, por ejemplo, la agricultura española ha podido competir con los productos marroquíes atrayendo precisamente a trabajadores marroquíes para que trabajen en España en condiciones muchas veces inferiores a las permitidas. Ya hemos dicho en otras entradas que se ha producido un desplazamiento de la fuerza de trabajo en muchas de estas ocupaciones de escaso valor añadido sobre las que se sustenta la economía nacional: los españoles, arropados por el paraguas de un imperfecto bienestar familiarista, han ido abandonando esos empleos, siendo sustituidos por trabajadores extranjeros "atraídos" por el "efecto llamada" del mercado de trabajo. Pues bien, hay que añadir que gran parte de esos empleos eran empleos informales y sumergidos y que por tanto gran parte de ese "efecto llamada" EXIGÍA trabajadores irregulares. La disponibilidad de los trabajadores extranjeros ha permitido mantener, reproducir y acaso multiplicar esta economía sumergida que al mismo tiempo retroalimenta la economía formal. El fenómeno de los "sin papeles" no se debe a circunstancias psicológicas, internas, de los extranjeros (su eventual desprecio por la legalidad española), sino más bien a circunstancias inherentes a nuestra estructura económica y a nuestro mercado de trabajo.

De hecho, la normativa de regulación de flujos no hace sino contribuir a la reproducción de este proceso; no quiero decir que esto se deba a la decisión consciente de personas individuales, sino a la circunstancia de que el Derecho no proviene del mundo de las ideas platónicas, sino de la realidad social que trata de ordenar. Ya veíamos hace tiempo que, a grandes rasgos es prácticamente imposible acceder al mercado de trabajo español de la manera "oficial" incluso aunque exista demanda de mano de obra en condiciones legales; la única actualización que se me ocurre de lo que decía en aquel tiempo es que ahora la tramitación de los expedientes se prolonga hasta unos nueve meses, según me cuentan, algo absolutamente irrazonable para cualquier empresario con necesidades de contratar fuerza de trabajo.

Sucede algo parecido a lo que nos ocurre a los españoles con la temporalidad: sabemos que el Derecho del Trabajo se rige formalmente por el "principio de causalidad", según el cual la regla general es que los contratos son indefinidos y que sólo puedan pactarse contratos temporales cuando exista una causa justa. Sabemos que en realidad, la forma de acceder al mercado de trabajo español para los jóvenes (o incluso para acceder a empresa, para casi cualquier persona) es un contrato temporal, realizado en fraude de ley. Esa realidad supera tanto a las leyes que éstas tienen que proclamar sucesivas "amnistías" que bonifican o incentivan de vez en cuando la conversión de contratos temporales en indefinidos (mirando para otro lado en lo que refiere a si esos contratos temporales lo eran verdaderamente). Estas "amnistías" se parecen sospechosamente a los procesos de "regularización" o de "arraigo" que los políticos gustan de criticar cuando están en la oposición y se ven obligados a realizar cíclicamente cuando están en el Gobierno.

Porque el fenómeno de los "sin papeles" se convierte en un problema inaceptable que hay que resolver. Ciertamente, despliega un cierto efecto "positivo" sobre la economía nacional (por eso muchas veces se hace la "vista gorda"), aunque este efecto puede ser "pan para hoy y hambre para mañana" en la medida en que mantiene una economía basada en unos escasos niveles de productividad. Pero, desde un punto de vista ético, provoca condiciones de vida y trabajo inaceptables para los "carniceros de utopía" esos trabajadores "invisibles" que hacen el "trabajo sucio" del sistema: frecuentemente explotados por sus empleadores y acosados por la policía, no les queda sino sufrir pacientemente su "penitencia" en los márgenes del sistema, esperando gozar un día del Paraíso de la regularidad, para ser sustituidos por nuevos trabajadores "ilegales". La problemática no sólo es moral, sino también social, por cuanto este sistema que se alimenta de trabajadores que acceden al mercado por la vía irregular presenta profundas disfunciones que afectan a la cohesión y a la buena marcha de la sociedad. ¿Cómo puede hablarse de "integración de los inmigrantes" cuando las ruedas de nuestro sistema económico están arrastrando y aplastando inmigrantes des-integrados?

Ahora bien, si queremos luchar contra el fenómeno de la migración irregular, hemos de partir de sus raíces, no de la superficie. Luchar contra la migración ilegal restringiendo la sindicación y la huelga de los extranjeros no sólo es inútil, sino incluso contradictorio, al abundar en el desamparo y la des-integración de los irregulares. Más útil será mirar a los ojos de la economía sumergida y de nuestra estructura productiva; tal vez no podamos cambiar radicalmente esas raíces, válgame la rebuznancia, pero a lo mejor podemos hacer algo si nos asomamos de verdad al problema.

Edito: olvidaba hacer la recomendación que tenía pensada
Para saber más: Javier Moreno, "The regularisation of undocumented migrants as a mechanism for the 'emerging' of Spanish underground economy". Documento de trabajo de la Unidad de Políticas Comparadas del CSIC, 2005.

LOS CARNICEROS DE UTOPÍA (III): EL EJÉRCITO INDUSTRIAL DE RESERVA

Coincidiendo con una nueva sentencia del TC que viene a decir lo mismo, dejamos el mundo de la jurisprudencia para volver de lleno al tema del mercado de trabajo. Se recordará que en la primera entrada sobre los "carniceros de utopía" habíamos hablado del "efecto llamada" del mercado de trabajo español y la contribución del trabajo de los migrantes al crecimiento económico a través de la cobertura de puestos de trabajo de escaso valor añadido. En la segunda entrada hemos visto como el "familiarismo" del sistema de bienestar español y, desde otro punto de vista, el familiarismo que rige en los países de origen hacen posible esta redistribución de los puestos de trabajo.

Esta peculiar división del trabajo convierte a los migrantes en los "carniceros de Utopía", los trabajadores de la trastienda de nuestro Estado del Bienestar. En teoría y en abstracto, esta situación es "injusta", dado que genera desigualdades sociales y económicas fundadas, en último término, en el origen étnico de las personas. En la práctica, es una condición estructural contra la cual es inútil luchar en términos generales: los movimientos migratorios no se producen por azar, sino que son impulsados precisamente por estas "necesidades" de obtener fuerza de trabajo en condiciones de relativa precariedad. De hecho, los propios migrantes, incluso aquellos que tienen un buen nivel formativo, asumen en sus proyectos migratorios esta posición inicial de debilidad en el mercado de trabajo: generalmente no se hacen ilusiones de entrar en nuestro mercado laboral "por la puerta grande", sencillamente porque esto no es posible, salvo en casos muy concretos, poseyendo cualificaciones muy específicas. En este contexto, creo que no merece la pena combatir esta segregación inicial en los empleos; es preferible dedicar nuestros esfuerzos a conseguir que la precariedad sea la mínima posible (y, desde luego, que las condiciones de empleo cumplan unos mínimos de dignidad) y a evitar que estas desigualdades se reproduzcan a través de procesos discriminatorios, condenando a estos migrantes, o incluso a sus hijos y nietos, a permanecer toda su vida laboral en esta posición subordinada. Es decir, hay que procurar que esta segregación de entrada sea lo menos intensa y lo menos duradera posible.

Desde el punto de vista de los trabajadores españoles, las migraciones tienen un efecto, como ya se ha dicho, globalmente positivo. Al permitir el crecimiento de estos sectores que utilizan de manera intensiva la fuerza de trabajo, crece la economía nacional y se generan nuevos empleos en mejores condiciones, que pueden ser asumidos por los españoles, que, al encontrarse protegidos por el paraguas del familiarismo, tienen mayor libertad para escoger. Ahora bien ¿hay efectos negativos? ¿Hay algo de cierto en los mitos apocalípticos según los cuales los migrantes "quitan el trabajo a los españoles" o devalúan las condiciones de trabajo de los trabajadores auctóctonos?

Yo creo que sí que hay algo de cierto en el mito y que eso es lo que lo hace peligroso, porque esta realidad un caldo de cultivo para el crecimiento de la xenofobia entre los más desfavorecidos. Siempre percibimos la realidad conforme a una estructura de categorías configurada por nuestros prejuicios ideológicos (por ejemplo nuestras "etiquetas étnicas"), pero son los datos fácticos -leídos desde nuestras categorías- los que refuerzan y mantienen nuestra creencia sobre la sociedad. En este caso, las categorías nacionales (españoles/extranjeros) resultan sumamente dañinas para los intereses globales de los trabajadores más precarios porque impiden la defensa colectiva de intereses muy similares. Divide et impera: divide y vencerás. Por eso hay que tender a destruir o al menos disminuir la relevancia de las categorías étnicas, la significación del "país de los trabajadores", centrándose en la percepción de los intereses comunes.

Si hay algo de cierto en el mito, entonces es nuestra responsabilidad asomarnos a esta realidad; si nos conformamos con oponernos simbólicamente a la idea, puede que la xenofobia nos gane la partida cuando lleguen épocas de "vacas flacas". Sólo que no es preciso examinarlo como una partida de ajedrez entre migrantes y acutóctonos: simplemente, el mantenimiento de determinados sectores marginales en el seno de la clase trabajadora en cada sociedad permite hasta cierto punto mantener bajas determinadas condiciones laborales: otra vez la idea del ejército industrial de reserva.

La realidad del mercado de trabajo es muy compleja: es cierto que muchos puestos de trabajo de escaso valor añadido simplemente desaparecerían si no hubiera nadie dispuesto a trabajar en condiciones precarias (porque la inversión capitalista se trasladaría a otro lado o, en el caso del servicio doméstico, la unidad doméstica prescindiría de la prestación laboral). Pero, al mismo tiempo, la inyección en el mercado de trabajadores que se ven obligados por razones estructurales a aceptar condiciones inferiores permite reducir costes laborales y aumentar por tanto los márgenes de beneficios. Los trabajadores auctótonos más precarios pueden experimentar en su vida cotidiana este conflicto; es por esto por lo que la xenofobia de las clases bajas adquiere unos rasgos diferentes a las de las clases medias y altas. Para estos últimos, el migrante es a veces una criatura lejana; les preocupan más bien los aspectos "culturales" y en todo caso la "seguridad ciudadana" (si en sus categorías ideológicas hay algún vínculo entre esta inseguridad y la migración), pero al final suelen estar contentos de poder contar con alguien para cuidar al abuelo o poder ir más veces a comer a un restaurante porque los precios se mantienen relativamente "bajos" gracias a la contención de los costes laborales (siempre nos parece que los precios están demasiado altos, pero lo cierto es que vamos al restaurante).

En cambio, para los auctóctonos que ocupan las posiciones más bajas, paradójicamente aquellos que tendrían más que ganar si hicieran causa común con los migrantes, la cuestión puede presentarse una competencia cotidiana entre grupos sociales por los recursos escasos, algo más cercano al "pan nuestro de cada día". Una especie de "lucha de clases" pero con un fuerte componente racial. Ello será así, por supuesto, sólo en la medida en que se definan los intereses colectivos en torno a categorías étnicas, situación de la que hemos de huir como de la peste.

Pero ¿cómo se manifiesta este posible deterioro de las condiciones de trabajo en nuestro sistema, caracterizado por un predominio del Estatuto de los Trabajadores y los convenios de eficacia general? En los países nórdicos, con una elevada tasa de sindicalización (70-90%), una normativa laboral centrada en la negociación colectiva (escasa por tanto en contenidos vinculantes para el contrato) y convenios de eficacia limitada a los afiliados a las organizaciones firmantes, es mucho más visible este dumping social interno. Los que vienen de fuera no están afiliados y por tanto es más difícil que estén protegidos por el sistema formal.

En España, esto se produce de una manera más sutil: ciertamente, el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos se aplican teóricamente a todos los trabajadores, con independencia de su afiliación sindical u origen étnico. En primer lugar, puede haber un efecto indirecto, difícil de comprobar: los convenios colectivos son puntos de equilibrio en un conflicto de intereses contrapuestos, de manera que, en la medida en que la posición en el mercado de los trabajadores se debilite, las condiciones pactadas pueden estancarse o incluso ir a la baja. Detrás de las condiciones pactadas en los convenios está la amenaza de la huelga, un lujo que no todo el mundo puede permitirse.

Más importante y más claro es el efecto de las migraciones sobre las relaciones individuales de trabajo. A la mayoría de los trabajadores en España se les aplican convenios provinciales de sector, que a menudo funcionan a través de una cierta inercia, con una fuerza sindical bastante escasa y un interlocutor empresarial muy poco representativo. Así pues, los salarios de convenio son relativamente bajos (a veces incluso por debajo de los precios de mercado, sospecho) y lo importante es el salario "real", a menudo superior, que recibe el trabajador a través de la negociación individual y que en muchos casos no se declara para ahorrar costes de seguridad social. Los migrantes generalmente están en una posición de mayor debilidad, lo que les permite aceptar salarios de cierta precariedad y eso puede debilitar el poder de mercado de los trabajadores auctóctonos que en principio podían exigir condiciones superiores.

Esta segunda causa nos lleva a una tercera, íntimamente relacionada con la anterior. En nuestro sistema de relaciones laborales no importa tanto lo que dice la letra de la ley o del convenio como lo que se aplica en la práctica. Esto es, en muchos casos lo que sucede no es que la norma establezca condiciones muy precarias sino sencillamente, que no se cumple. Se cumple donde hay una cierta fuerza sindical que, además, trabaje bien. En este sentido, la posición de debilidad de los migrantes puede afectar también al grado de cumplimiento de la normativa laboral, deteriorando las condiciones reales -que no formales, o jurídicas- de trabajo.

Mucho Antes de que llegaran los migrantes, nuestro sistema ha tenido siempre una gran tradician de "economía sumergida": los extranjeros se han incorporado a este sistema preexistente, contribuyendo a su reproducción sin pretenderlo. Hay muchos grados de incumplimiento de la normativa laboral: un trabajador con contrato escrito, afiliado y de alta en la seguridad social, que cobra el salario fijado en el convenio puede ser, no obstante, víctima de la economía informal; en mayor medida lo es, claro está, el trabajador del que la gente dice que "no tiene contrato", esto es, con un contrato verbal o tácito, sin alta en el sistema de seguridad social. El grado extremo (pero no el único) de precariedad ilegal es el de los trabajadores migrantes sin autorización para trabajar: los "irregulares". Pero las dinámicas de la irregularidad merecen un poco más de detenimiento, así que habrá que dejarlas para una próxima entrada... el año que viene. Entretanto feliz año 2008 a mis escasos, pero selectos ;-) lectores. Ojalá que viváis tiempos interesantes.

LA STC 236/2007 (III): NO USES TU DERECHO

Muchas son las cuestiones que se tratan en esta sentencia y no podemos ocuparnos de todas en esta serie. Probablemente, el problema que tiene una mayor enjundia jurídica es el que se refiere a los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga. Estos son derechos "de ciudadanía" que definen a los integrantes de la comunidad política y que se relacionan íntimamente con la dignidad humana, ya que los seres humanos somos indudablemente "animales sociales". Con objeto de excluir simbólicamente a los extranjeros en situación irregular de la comunidad política, se les negaba el disfrute de estos derechos, como si con ellos se les hiciera "invisibles" o así dejaran de existir.

Como señalábamos en la entrada anterior, el único objeto de esta exclusión era simbólico; por eso nos parecen erróneos los argumentos del voto particular discrepante, que se aferraban a la mención que se hace en algunos tratados a la protección de la seguridad o el orden público; se habla de la entrada masiva de migrantes como invocando un fantasma, pero no se establece una conexión de causalidad entre la medida y el orden público cuya proporcionalidad pueda después ponderarse. Con ese tipo de razonamientos, podría vaciarse de contenido cualquier tratado relativo a los Derechos Humanos. Aunque estoy seguro de que esa no era la intención de los magistrados discrepantes, el argumento es peligroso, porque todos los que vulneran los derechos humanos invocan algún fantasma (la amenaza del comunismo, por ejemplo).

Ahora bien, el legislador que impulsó la "contrarreforma" de la LO 8/2000 sabía que sus pretensiones de exclusión se iban a encontrar con obstáculos de constitucionalidad. A la hora de determinar si un derecho constitucional es "inherente a la dignidad humana", es decir universal, o si, por el contrario, se puede reconocer o no por la ley, se tenían en cuenta básicamente (aunque no exclusivamente) dos elementos: en primer lugar, si la redacción de los preceptos se refería a los "españoles" (como el art. 35) o bien utilizaba una formulación omnicomprensiva e impersonal ("Todos", "se reconoce"...); en segundo lugar, de qué forma estaban reconocidos por los convenios multilaterales en materia de Derechos Humanos, que se introducen en la interpretación de los derechos constitucionales por la vía del art. 10.2 de la Constitución. El caso es que los derechos que pretendían negarse a los extranjeros (reunión, manifestacion, asociación, sindicación), de un lado, no se referían a los "españoles" ni nada parecido en sus textos, de otro lado, estaban ampliamente reconocidos en varios instrumentos internacionales, de manera no condicionada a la residencia legal. Así que era preciso un poco de "ingeniería jurídica".

El truco de magia jurídico era el siguiente: los extranjeros son titulares de estos derechos, pero sólo pueden ejercitarlos en España cuándo obtengan autorización para residir o, en su caso, trabajar. Desde un punto de vista práctico, material, realista, esto es simplemente un fraude de la Constitución, una artimaña, una especie de paradoja, como el cuadro este de Escher de la mano que se escribe a sí misma escribiendo la mano. Con una mano, te doy el derecho, faltaría más, dignidad humana; pero con la otra mano, dibujada por la primera, te lo vuelvo a quitar, dejando sólo la cáscara vacía de su titularidad, y te quedas como estabas, con una mano delante y otra detrás.

Ahora bien, el hecho de que esto sea un truco y que, por tanto, sea correcta la decisión del Tribunal Constitucional no quiere decir que este argumento sea completamente absurdo desde un punto de vista jurídico; erróneo, pero no del todo mal afinado. Desde luego, no es lo mismo la titularidad de un derecho que su ejercicio: yo puedo renunciar a ejercer un derecho fundamental (si no me reúno, me manifiesto o me asocio, salvo que estos derechos se lean también "en negativo"; de manera más clara, cuando no lo reclamo ante los tribunales), pero no puedo renunciar al derecho en sí. Los trabajadores somos titulares del derecho de huelga, pero no podemos ejercitarlo individualmente (una huelga debe ser colectiva); un sindicato puede pactar en un convenio colectivo una "cláusula de paz social", renunciando a convocar huelgas en un período determinado de tiempo determinado, pero con ello no está renunciando a la titularidad del derecho. Por supuesto, esta construcción de la titularidad y el ejercicio del derecho de huelga es sólo el revestimiento formal que se ha usado y no tiene nada que ver con la exclusión de los derechos fundamentales para los extranjeros en situación irregular, que no están renunciando al ejercicio de nada. Aún así, esta construcción apresurada apunta indirectamente al verdadero nudo gordiano del asunto: las condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales.

Ya adelantábamos en las entradas anteriores que, en nuestra opinión, la división tripartita de los derechos (inherentes a la persona/inherentes a los nacionales/de contenido disponible por la ley) cumplió su función pero es una construcción caduca y cada vez más inútil; de hecho, posiblemente puede detectarse esta crisis en la sentencia. Todos los derechos fundamentales son inherentes a la dignidad humana y todos son importantes para mantener la cohesión de la comunidad política y, por lo tanto, para legitimar el poder que se ejerce sobre sus integrantes. Lo importante son las condiciones de acceso -que también puede ser paulatino- a la comunidad política y al ejercicio de los derechos ciudadanos (en tres dimensiones, acceso físico al territorio, acceso al mercado de trabajo y por último, el inexpugnable bastión del derecho al voto), lo que puede implicar, no ausencia de derechos, sino limitaciones y condicionamientos a su ejercicio. Eso sí, la regulación de estos condicionamientos tendrá que convivir necesariamente e con la realidad de que, en la práctica, el acceso al territorio y al mercado de trabajo se produce inicialmente en términos de ilegalidad, debido a condiciones estructurales de nuestro sistema. A largo plazo, son las dificultades prácticas las que pueden suponer obstáculos reales a la extensión completa de los derechos a quienes son miembros de facto de la comunidad.

Y, desde un punto de vista práctico ¿cuál es el problema de reconocer a los extranjeros en situación irregular los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga? Afortunadamente, ya no vivimos en una sociedad autoritaria, donde estas cosas dan miedo; más bien las vemos como instrumentos de participación (es decir integración) en la vida social. La rabieta simbólica de quienes se sentían desbordados por la inmigración irregular se la termina llevando el viento con los años y al final nos queda la pragmática. Negar derechos constitucionales a ciudadanos reales, aunque no se vayan a ejercer mucho, produce a la larga un efecto de deslegitimación del sistema; ganancia no hay ninguna, porque lo que la sociedad pide a los irregulares es su integración. Y la integración, entre otras cosas se consigue a través del acervo común de derechos.

Alguien se podría plantear ¿y para qué quiere ejercer la libertad sindical o la huelga alguien a quien no se permite trabajar? Este argumento parece coherente desde el mundo de las ideas, al margen de la realidad práctica. Porque en la realidad práctica nos encontramos que estas personas, aunque no pueden trabajar, trabajan; y muchas veces en condiciones de explotación. La irregularidad funciona porque la situación de desprotección y la economía sumergida pueden ser muy beneficiosas para los empresarios incumplidores. Cuanto más invisibles sean los "irregulares", cuántos menos derechos tengan, mayor será la explotación y mayores los incentivos que tendrán los empresarios para buscar trabajadores irregulares. De manera que la irregularidad se retroalimenta con la desprotección de los irregulares, al tiempo que debilita la cohesión social. Por eso, finalmente se extendieron todos los derechos laborales a los trabajadores en situación irregular, con independencia de las consecuencias sancionatorias que pueda acarrear su incumplimiento; esa es la misión del Derecho del Trabajo: integrar a los trabajadores en el sistema para mantener la cohesión social. Paradójicamente, hasta que llegó esta sentencia, sólo quedaban por reconocer ¡los derechos laborales fundamentales!

Probablemente haya sido la confusión conceptual (la distinción titularidad/ejercicio disfrazando el verdadero problema de las condiciones de ejercicio en el marco de una caduca división tripartita de derechos) lo que haya provocado el extraño baile argumental del Fundamento Jurídico 17 de la Sentencia. El problema de fondo es básicamente doctrinal: el TC está tratando de superar la concepción de los derechos constitucionales de los extranjeros como entidades discretas (o los tienes o no los tienes), enfocando la mirada hacia las limitaciones posibles y las condiciones de ejercicio; seguramente el viraje sea apropiado. Lo que pasa es que en este caso concreto no tiene mucho sentido ni interés el dilema. Lo que el TC quiere decir en el Fundamento Jurídico 17 es, seguramente, que aunque es inconstitucional negar radicalmente estos derechos (reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga) a los extranjeros en situación irregular, eso no implica que necesariamente tengan que tener el mismo régimen jurídico que los españoles o que los extranjeros regulares, esto es, pueden incorporarse condicionamientos adicionales. Ahora bien, en estos casos ¿qué condicionamientos podría ser útil u oportuno imponer, desde la perspectiva del poder público? A mí no se me ocurre ninguno. De manera que entiendo que, una vez reconocidos, el legislador no va a hacer nada por limitarlos.

Para decir eso tan sencillito, el TC hace una curiosa maniobra de trapecismo en una sentencia que, por lo demás, está bastante bien fraguada; en lugar de declarar simplemente que son inconstitucionales los incisos: "y que podrán ejercer cuando obtengan autorización...", si es preciso dejando claro que eso no impide que el legislador pueda establecer otros condicionamientos para los irregulares (aunque tampoco es que eso vaya a ser muy necesario), decide llegar al mismo sitio dando unas vueltas muy raras que, esperemos, no tengan ningún efecto. Dice que declarar simplemente la inconstitucionalidad del inciso sería como entrometerse en la opción del legislador, que era claramente la de constituir regímenes diferenciados; así que da la impresión de que lo emplaza o lo reta a regular las condiciones de ejercicio de estos derechos por parte de los trabajadores en situación irregular en un plazo "razonable"; vamos, que aparentemente le estaría obligando a legislar, lo que sí que sería una intromisión. Si nos ponemos augures, hemos de profetizar que ningún legislador (gane quien gane las próximas elecciones) se va a montar una Ley Orgánica para inventarse alguna limitación a estos derechos que cubra expediente con el legislador del año 2000, una vez que se ha impedido la exclusión simbólica. Hay que entender que, mientras tanto, gozan plenamente de estos derechos y ya está. De manera que la situación es exactamente la misma que si el TC hubiera simplemente declarado la inconstitucionalidad de los incisos; si fuera así, el legislador también podría incorporar condicionamientos adicionales si se le apeteciera, siempre que fueran constitucionales, nadie le tiene que dar permiso.

LA STC 236/2007: (II) EL EXTRANJERO FRAGMENTADO

Seguimos con la serie de entradas sobre la reciente sentencia 236/2007 del Tribunal Constitucional.

Cuando no entendemos algo, tendemos a fragmentarlo en pedazos, esto es, a descomponerlo en partes que podamos analizar. Algo así sucede con la paradoja de la extranjería, que señalábamos en la entrada anterior: entre nosotros viven "ciudadanos" que es preciso integrar en la sociedad, pero que aún no pueden ser considerados "ciudadanos" en sentido estricto. Así pues, fragmentamos la figura del"extranjero" en categorías jurídicas que suponen un status jurídico diferenciado en cada caso.

La categoría más cercana a los "ciudadanos" es, por supuesto, la de los "comunitarios"; extranjeros cuyos derechos prácticamente se asimilan a los de los nacionales, salvo en lo que refiere al derecho al voto. Los extranjeros "extracomunitarios" tienen un status jurídico menos privilegiado, pero lo cierto es que nuestro ordenamiento está tendiendo a expandir progresivamente sus derechos hacia la equiparación (tal vez con oscilaciones y altibajos), debido principalmente a la necesidad de integrar en la sociedad a personas que, de hecho, pertenecen a ella. El límite hasta el momento infranqueable es el del libre acceso al territorio y al mercado de trabajo nacionales; paradójicamente, los extranjeros tienen derecho a emigrar, pero no derecho a inmigrar.

Así pues, el grado de integración social a través del reconocimiento de derechos es bastante elevado para los extranjeros que están "dentro del sistema". Como regla general, los residentes legales terminan asimilándose a los españoles y comunitarios; se supone que esto es así en muchos casos porque lo dice la ley, no porque lo diga la Constitución, pero la ley lo dice porque se adapta a un fenómeno estructural que podría implicar, en un momento dado, reinterpretaciones de la Constitución, abandonándose el caduco modelo de la división tripartita de derechos. A esto hay que añadir una salvedad: el sistema prevé una incorporación "progresiva" a través de una sucesión de permisos que terminan desembocando en el estatus normalizado de residente permanente.

Este modelo flaquea cuando, DE HECHO hay un número enorme (aunque oscilante en función de las regularizaciones) de extranjeros que residen en España en situación irregular, es decir, que, desde la perspectiva del "sistema", "no deberían de estar allí", pero, de hecho, están. Ello se debe a unas particulares dinámicas de nuestro mercado de trabajo en cuya explicación ahora no nos podemos detener. Es aquí donde se contraponen fuertemente dos necesidades estructurales del sistema: el control de los flujos migratorios y la integración de los extranjeros. Así, por ejemplo, el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, cuya finalidad principal es la integración social, termina actuando de manera disfuncional (¿inevitablemente?) cuando se usa como instrumento para el control de flujos. En mi opinión, una vez más, la tendencia es al reconocimiento progresivo de los derechos también a los irregulares, debido a que son PRECISAMENTE los que más necesitan de mecanismos de integración; la falta de integración que deriva de la precariedad de su situación se acrecienta enormemente si además se les priva de derechos básicos y ello provoca disfunciones en el funcionamiento de la sociedad, que son más graves cuanto mayor es el número de extranjeros en situación irregular. Así, por ejemplo, aunque los extranjeros sin autorización no tienen "derecho a trabajar", si lo hacen gozan de la protección de las normas laborales y de Seguridad Social; antes de la sentencia que comentamos se producía una singular contradicción: los extranjeros sin autorización para trabajar disfrutaban de todos los derechos reconocidos a los trabajadores ¡salvo los que nuestra Constitución considera "fundamentales", la sindicación y la huelga! A mi juicio, esta sentencia es un paso más en ese proceso, lento pero imparable, de equiparación. ¿Es posible y conveniente avanzar aún más, concediendo un derecho a trabajar legalmente, con independencia de la aplicación de la normativa de control de flujos migratorios?

A pesar de esta tendencia, existen fuertes resistencias por parte de la sociedad (y por tanto, del legislador) para completar este proceso de equiparación. La Ley Orgánica 8/2000, con la que el Partido Popular pretendía dar una especie de "marcha atrás" en los mecanismos de integración previstos en la Ley Orgánica 4/2000 es un reflejo de esas resistencias (y de las oscilaciones del proceso). Su propósito consistía en delimitar un régimen jurídico bien diferenciado para los extranjeros en situación irregular para expresar y subrayar simbólicamente el rechazo del legislador a una situación REAL que se oponía al discurso oficial (es decir, una especie de "pataleta" legislativa ante una, difícilmente resoluble, contradicción del sistema).

El campo de batalla era más simbólico que material, aunque este campo de "lo simbólico", de los "principios" no deja de tener enorme importancia. No pretendo decir con ello que no convenga que los extranjeros irregulares se beneficien de los derechos de asociación, sindicación, reunión o huelga (precisamente son los que más lo necesitan), pero lo cierto es que, en muchos casos, hablarle a un extranjero irregular de estos derechos es contarle un hermoso relato de ciencia-ficción (se reconozcan formalmente o no). Su posición social es tan precaria que su preocupación prioritaria es la regularización legal de su situación y todo lo demás es una especie de "cuento de la lechera". Por supuesto, esto destruye inmediatamente los absurdos argumentos que se plantearon en su momento sobre el "efecto llamada"; a nadie se le ocurre quedarse en España hasta devenir irregular (o entrar ilegalmente) y sufrir el tremendo calvario de la explotación, la invisibilidad legal, el miedo permanente a la policía, el aislamiento..., porque en España se reconozca el derecho de sindicación o huelga a los "irregulares". Derecho que, por otra parte y desgraciadamente, muchos españoles tampoco están en condiciones de ejercer.

Las cartas sobre la mesa. Aquellos que apoyaban la "contrarreforma" de la Ley 8/2000 lo hacían con objeto de degradar simbólicamente el status de los trabajadores que se encontraban en situación irregular, de lanzar un mensaje de rechazo y reproche a estas personas, que se percibían por tanto como inmigrantes ilegales. En cambio, quienes nos oponíamos a esta reforma, tumbada en gran parte por el Tribunal Constitucional lo hacíamos porque nos parecía que se había llegado demasiado lejos con la "pataleta", afectando a la esfera más básica de los derechos fundamentales de la persona.