REFLEXIONES: DEFINIENDO DEMOCRACIA (I) LA VISIÓN DEL CÍNICO

"... Y no me perderé en las palabras corrompidas por el uso", decía una canción de Tahures Zurdos. Es verdad que nuestra vida está llena de palabras bonitas y sonoras que de tanto manipularlas y utilizarlas lo mismo para un roto que para un descosido, se nos han quedado prostituídas y huecas. Tal vez podríamos decir eso del amor, el arte, de la libertad, la solidaridad o la justicia. O, por que no, de esa otra palabra bonita, la democracia.

Vivimos felices y contentos en un Estado social y "democrático" de Derecho, pero en otros tiempos, durante el régimen franquista, vivíamos en una "democracia" orgánica; los chinos, en cambio, viven en una república "democrática" popular. Del mismo modo que todas las personas se ven a sí mismas como "buena gente", todos los países modernos gustan de definirse a sí mismos como "democráticos". La palabra se nos ha quedado hueca, se ha convertido en un bonito envoltorio que a menudo sirve de adorno para esconder la realidad del poder descarnado. ¿Es posible definir mejor el término para que nos sirva de algo?

Si nos atenemos a la etimología, democracia significa "el poder del Pueblo". Y si nos tomamos esto verdaderamente en serio, paradójicamente, lo normal es que nos dé la risa, como a Mafalda, poseídos por un torbellino de cinismo ¿Pero cuándo ha gobernado el Pueblo? ¿No es esto, en realidad, una contradicción en los términos? ¿No está hecho el Pueblo de gobernados?

Nuestro "mito de los orígenes" de la democracia se remite a la antigua Atenas, donde ciertamente existió una sociedad muy participativa. Todos los "ciudadanos" y no sólo los oligarcas, podían intervenir directamente en los asuntos públicos que les afectaban a través de la participación en la asamblea y también podían postularse para cargos públicos. Nuestra sociedad ha alcanzado un grado de especialización funcional y de complejidad tal que sería imposible mantener de modo efectivo una participación tan directa. Así pues, en cierto modo, parece un modelo envidiable. Pero ¿quiénes eran los "ciudadanos" que podían participar en los asuntos públicos? Una minoría clara de la población, puesto que las mujeres, los esclavos y los metecos (inmigrantes extranjeros) estaban excluidos de la ciudadanía. ¿Es que acaso ellos (ellas) no eran Pueblo? ¿No eran quizás estas personas más Pueblo que nadie, puesto que estaban excluidas del, control del poder? Más allá de esto, si ustedes han participado en alguna asamblea, habrán observado como en ellas también revolotea el poder, de manera más o menos explícita; también pueden ser manipuladas por distintas formas de poder o de presión. Lo mismo pasa, por supuesto, con los cargos públicos, por más que a priori estén al alcance de "todos" los "ciudadanos".

¿Y si nos referimos a nuestras democracias modernas? En la actualidad las mujeres tienen derecho al voto y se supone que no existen los esclavos. Eso sí, tenemos varios millones de inmigrantes extranjeros que se ven afectados por las decisiones del poder, pero que no tienen capacidad de intervención en los asuntos públicos, viéndose convertidos en objeto del debate político en lugar de en sujetos de esta discusión. Pero bueno, podríamos decir que por lo menos la "ciudadanía" abarca ahora a la mayoría de la población. ¿En qué se concreta la participación? Bueno, ya no tenemos democracia directa. Si acaso alguna institución que intenta recrearla de modo más bien testimonial (y decimos "testimonial" por buscar una palabra suave que no escandalice a nadie).

En realidad, como mencionaba anteriormente, sería imposible que participáramos directamente en todas las decisiones que nos afectan, debido a que nuestra sociedad es demasiado compleja. Así pues, por pura necesidad, "delegamos" en una casta de "políticos" profesionales que son los que realmente detentan el poder político. La teología de nuestro sistema político nos cuenta que las normas son "legítimas" porque las hemos hecho nosotros. Pero no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que esto es una mera representación idealizada. Obviamente, las normas las han hecho otras personas, en base a intereses muy diversos.

Esta realidad es una manifestación de una pauta general identificada por el sociólogo Robert Mitchells, la Ley de hierro de la oligarquía, que viene a decir que, incluso en las organizaciones que llamamos "democráticas", en la práctica, al final siempre termina gobernando una minoría. Esto sucede tanto en el Estado como en las asociaciones, partidos políticos, sindicatos o cualquier tipo de agrupaciones, al menos cuando alcanzan una cierta dimensión.

En cierta medida, este grupo de "políticos" opera como una verdadera clase social dirigente, todos ellos se encuentran en condiciones sociales de existencia muy parecidas y, por tanto, sean o no conscientes de ello, tienen unos intereses comunes y una cierta ideología común segregada por estos intereses, más allá de las divisiones tribales que aparentemente los separan. Esto no es nada nuevo; también en el pasado las distintas casas nobles podían estar enfrentadas entre sí, pero no por ello dejaban de constituir una "clase".

Desde luego, no es lógico ni previsible que este grupo vaya a legislar o gobernar en contra sus intereses de clase y aquí tenemos ya una importante limitación del "poder del pueblo". Por supuesto, el "pueblo" amorfo, incluso aunque esté desorganizado, tiene una cierta capacidad de influencia en los asuntos públicos. En términos esenciales esta constatación tanpoco parece una novedad histórica. La política romana también tenía que tener en cuenta las pulsiones de la plebe y lo mismo sucedía con los caciques polinesios o con cualquier otro sistema político descrito por la Historiografía o la Etnografía. Todos los dirigentes procuran mantener un equilibrio entre sus intereses de clase y la necesidad de mantener al Pueblo contento y tranquilo. Más allá de la represión y la violencia, que a veces se utiliza de modo desmedido, todo poder necesita un mínimo de legitimación para mantenerse en el día a día y esa legitimación supone al menos una aceptación pasiva del ejercicio del poder.

Como siempre ha sucedido históricamente, el Pueblo puede influir en el curso de las batallas de la clase dirigente, pero sólo puede hacerlo dentro de unas reglas de juego establecidas que impiden los cambios sustanciales. Si un cacique polinesio se comporta como un Tirano, será asesinado por el pueblo y sustituido por otro cacique polinesio, pero el sistema mismo del cazicazgo, y algunas premisas en las que se basa esta forma de dominación están generalmente fuera de discusión. Nosotros, más "civilizados" que los polinesios, podemos decidir colectivamente cada cuatro años si gobierna el PSOE o el PP, grupos tribales que gustan de subrayar sus diferencias vistiéndose con plumas de colores distintos. Bueno, todo eso de las elecciones está muy bien, ya explicaremos por qué, pero en realidad no implica que las leyes las haga el pueblo ni que sea el Pueblo quien gobierna.

De hecho, sabemos que hay otras formas de presión que resultan más eficaces e influyentes que la mera toma en consideración de los sentimientos de la muchedumbre. ¿Ha sido el Pueblo quien ha decidido la última reforma laboral y los últimos recortes sociales? Por lo que dicen las encuestas, la mayoría de la población parece estar en desacuerdo. De hecho, los gobernantes que salieron elegidos en las últimas elecciones habían prometido expresamente que no iban a hacer reformas laborales regresivas ni recortes sociales; pocos meses antes de bajar el sueldo de los trabajadores del sector público habían pactado unos incrementos salariales moderados, ya en el contexto de la crisis económica. Y sin embargo, en un momento dado, llevan a cabo determinadas políticas "impopulares", cambiando de idea de manera brusca.

El Gobierno ha dado el bandazo sencillamente porque se ha visto presionado por fuerzas poderosas. No pretendo con ello eximirlo de responsabilidad moral y política, cada palo que aguante su vela. Pero da qué pensar respecto de la ingenua pretensión de que en nuestro país "gobierna el pueblo".

Ya les tengo desanimados. Todo esto que estoy contando en esta entrada es la visión pesimista y apesadumbrada del cínico. Una cierta dosis de cinismo puede estar muy bien. Nos libera del vicio de la ingenuidad. Sin embargo, el cínico y el ingenuo tienen un defecto común: ambos contemplan sólo una parte de la realidad. Su visión es tan parcial y fragmentada que puede llevar a conductas contraproducentes. El señor Mitchells, brillante sociólogo, después de formular magistralmente la ley de hierro de la oligarquía que hemos mencioando, terminó haciéndose partidario del fascismo. Parece que llegó a pensar que si las instituciones democráticas no la son, realmente, al final termina siendo más popular esa adoración que la masa amorfa siente por el líder carismático de turno; la Verdad terminó por confundirlo. Ciertamente, si algún habitante de nuestro poco democrático Estado piensa que al final la democracia es una gran mentira y que por tanto todo da igual y nada importa, yo le invitaría a vivir una temporada como pueblo sometido en la república democrática popular china. Se le iban a quitar todas las tonterías rápido.

Nosotros vivimos en otra época que Robert Mitchells y también tenemos el riesgo de que la verdad nos confunda, pero este riesgo se manifiesta de otro modo. El cinismo nos sirve como excusa para abotargarnos más, para justificar nuestra idiocia (preocupación ingenua por nuestros intereses más inmediatos y los de nuestros familiares ignorando la vida pública que realmente nos afecta) y, en definitiva para dejar que todo siga como está. Bramamos contra los políticos, porque todos roban muchísimo, están todo el día robando, nos desahogamos un poco mirándolos con superioridad y al final nos acostumbramos y todo lo que pasa nos parece "normal." Y si podemos, robamos nosotros también, claro ¿no lo hacen los políticos? O intentamos apegarnos a su poder para conseguir tajada. De este modo, cada vez nos hacemos menos Pueblo y cada vez nos hacemos más Turba o Masa. Muere lo que pueda haber en nuestra vida social de democracia y crecen las posibilidades de la demagogia.

Una cosa es darnos cuenta de que el pueblo, en realidad, no gobierna nunca y otra bien distinta que nos degrademos a nosotros mismos de este modo. Para salir de este atolladero, tenemos que dejar de creer literalmente en la democracia como una situación o estado de las cosas y mirarla de otro modo. Lo veremos en el próximo capítulo de esta apasionante telenovela.

LOS MIGRANTES Y LA CONQUISTA DEL ESTADO

A grandes rasgos podríamos definir el Estado como una organización jerarquizada que pretende tener el monopolio de la coacción y de la violencia en un determinado territorio y que tiene poder para hacer relativamente creíble esta pretensión (nunca realizada completamente). O, dicho con mala uva de "anarquista místico", el Estado es una forma de violencia institucionalizada. De acuerdo con esta definición, el Estado es anterior al modo de producción capitalista y a la "economía de mercado"; aunque seguramente todas las sociedades con Estado han tenido "mercados," generalmente éstos no constituían la base de la subsistencia de la mayoría de la población. De hecho, podría decirse simplificando un poco que para que esta transformación hacia el capitalismo fuera posible, una pujante clase social de élites urbanas -la burguesía- hubo de apoderarse de las viejas estructuras de poder de los Estados tributarios preexistentes. Para ello en muchos sitios tuvo que inventarse la "nación" y por eso a veces nos referimos a los Estados contemporáneos como Estados-nación. Cuenta la leyenda que Luis XIV dijo eso de "El Estado soy yo"; sea cierto o no en términos empíricos, este mito refleja una cierta perspectiva de la realidad; si el Estado era el soberano, entonces tenía que ser conquistado por la "Nación", esto es, por la clase burguesa que había surgido en su territorio en los albores de una nueva forma de organización económica.

Así pues, parece que la Nación, como arma retórica de conquista del Estado fue en su momento una enorme sinécdoque social. En algún reino imaginario y teológico podía referirse a la totalidad de los "ciudadanos" sometidos al poder del Estado; en el calor de la batalla, la Nación era el Tercer Estado, el "pueblo llano", que se atribuía una mayor representatividad de la totalidad por constituir una aplastante mayoría; no obstante, más en concreto y en la práctica, la "Nación" se refería exclusivamente a una parte del pueblo, a la burguesía, vanguardia del "pueblo llano", clase social en la que supuestamente este pueblo se encarnaba. Como es sabido, durante mucho tiempo, la participación real en la "Nación", en la ciudadanía, en el Estado y en los mecanismos de control de su violencia institucional -eso que denominamos "democracia"- pasaba por ser varón, blanco y propietario; las demás personas quedaban excluidas, convirtiéndose idealmente en objetos y no en sujetos de la vida política, esto es, objetos del poder y de la violencia a través de los cuales la sociedad se organiza.

Sabemos también que los derechos de sufragio se fueron expandiendo a raíz de la lucha emprendida por las "clases" excluidas para conquistar una vez más el Estado, dado que, como es natural, querían también participar en el control democrático de la violencia institucionalizada que sobre ellos se ejercía. Ciertamente, todo poder necesita autolegitimarse y parte de esta legitimación se obtiene a través del establecimiento de mecanismos de control del poder; llega un momento en el que la exclusión se convierte en un fenómeno sangrante y doloroso que constituye un peligro para la estabilidad del régimen de poder estatal. Generalmente, los obreros varones accedieron antes que las esposas de los propietarios al derecho de sufragio, quizás porque debido a sus circunstancias, sus posibilidades de organización eran mayores y por tanto constituían una "amenaza" más grave para el poder estatal.

Hace unos meses, un profesor de Historia Contemporánea me llamaba la atención sobre el hecho de que (a grandes rasgos y simplificando otra vez), los obreros que lucharon por el sufragio universal no tenían "nación" alguna. Las élites burguesas, urbanas y con un campo de interacción social más amplio basado en los crecientes mercados, habían ido construyendo a lo largo del tiempo una cierta "identidad" o "conciencia" nacional, pero de esa identidad no participaban los campesinos movilizados del terruño como necesaria mano de obra del nuevo modo de producción industrial (ni tampoco en gran medida, sus descendientes des-integrados en su utilización como fuerza de trabajo informe). Por lo visto, cuando se miran los antiguos documentos, bajo el epígrafe de "patria" aparece su valle, comarca o aldea, es decir, el limitado espacio territorial al que en realidad se ligaba su identidad étnica. Su lucha no era tanto por integrarse en la Nación -que reside en el platónico mundo de las ideas- sino por participar en el control del poder real que el Estado ejercía sobre ellos mismos y sobre los mercados en los que basaban su supervivencia. La eventual integración ideológica en el seno la Nación es la consecuencia, y no la causa de la lucha por conquistar -hasta cierto punto- el poder institucionalizado en el Estado.

Todo esto sucedió hace mucho tiempo en un país muy lejano, pero hoy en día también nos encontramos con fuerza de trabajo movilizada por el entramado productivo y excluida de la Nacion y de la ciudadanía. Los que llamamos "inmigrantes", que residen en nuestro país con vocación de permanencia, generalmente trabajan, pagan impuestos y están sometidos a la legislación y a la violencia del Estado pero no participan en su control. Por decirlo de un modo eufemístico, no es del todo cierto que a través del ritual del voto practicado cada cuatro años seamos capaces en realidad de determinar el contenido de las políticas públicas y de la legislación, que en realidad escapa a nuestro control (en gran medida debido a la complejidad de nuestro mundo sociopolítico); pero sí que es verdad que la capacidad de votar -se ejerza o no- convierte a las personas por arte de magia en interlocutores, dado que colectivamente pueden llegar a desplazar del poder al bando actualmente dominante de entre las élites políticas. Los políticos se dirigen a los ciudadanos y hablan sobre los inmigrantes; lo sciudadanos son interlocutores, lo inmigrantes, el tema de conversación (el "problema" político) e inevitablemente esto afecta a la formulación de las políticas y al contenido de los discursos. Si en alguna medida la legislación protege a los extranjeros es porque a los ciudadanos -o a algunos de nosotros- nos importa lo que les pase a los extranjeros, o dicho de manera menos autocomplaciente "nos dan penita", pero en la medida en que se nos acabe la "penita" estas personas se convierten en objeto maleable del ejercicio del poder y la violencia social, sin ninguna capacidad de autodefensa en el marco admitido del sistema social.

Si esta situación se ha mantenido es porque en gran medida es funcional. Cuando las personas son objetos y no sujetos de la política pueden adaptarse de manera fluida a los requerimientos del mercado y a las necesidades productivas y reproductivas de las castas de verdaderos ciudadanos de la polis (aunque eso sí, el producto de esta explotación se distribuye de manera desigual). Pero, como en los casos anteriores, genera contradicciones que poco a poco van exigiendo un cambio adaptativo e "integrador". Ello sucede en momentos como el actual, en el que los requerimientos de movilización de fuerza de trabajo han sido grandes y continuados; adicionalmente, a medida que la población extranjera se iba "integrando", ha aparecido de nuevo la "necesidad" de exportar mano de obra "ilegal". Como resultado de ello tenemos varios millones de extranjeros residiendo en nuestro país con vocación de permanencia, viviendo, comprando, consumiendo, trabajando, pagando, siendo objeto de aplicación de la ley. ¿Cuántos son ya? ¿Cuatro millones? Se dice pronto: aproximadamente la población de Madrid. La situación se va volviendo poco a poco socialmente insostenible. Surge entonces la necesidad de "integrar" a los extranjeros (no vaya a ser que su desintegración nos termine salpicando), si bien la integración completa sólo puede darse cuando sean sujetos del espacio político. Cosas como el contrato de integración de Rajoy reflejan o proyectan -en términos puramente moralistas, ideológicos, "superestructurales"-, esta inquietud por que estos objetos de la política acaten de buen grado las leyes que se les imponen, aunque no participen en su control: "si vienen aquí, tendrán que acatar nuestras normas".

Ahora bien, estoy planteando esta crítica en términos tan radicales que seguramente a alguien le pudiera parecer un mero ejercicio de demagogia. A mí me parece que si nos quitamos las orejeras del prejuicio resulta evidente que una realización real de la democracia exige el reconocimiento del derecho al voto de los millones de extranjeros residentes en España. Sucede sin embargo, que en realidad estamos muy lejos de eso y por ello aparecen toda una serie de obstáculos simbólicos, es decir jurídicos e ideológicos que hacen inviable a corto plazo la introducción de esta democracia real. El derecho al voto de los extranjeros hace perder a la institución de la nacionalidad gran parte de su sentido (¿y qué?), está prohibido por la Constitución y en gran medida no es aceptado por muchos ciudadanos que esgrimen argumentos culturalistas o parternalistas, como sucedió en el pasado con las mujeres y los obreros: según estos mitos apocalípticos, si permitimos que estas "formas inferiores de pensamiento" (las de la clase obrera, las mujeres o los extranjeros) penetren en la construcción del Estado nos sumiremos en el Caos y la barbarie. En mi opinión, los análisis críticos tienen que ser todo lo radicales que se pueda, de manera que seamos capaces de desprendernos si es preciso de todos los prejuicios y apriorismos que nos pudieran limitar el pensamiento; pero luego las propuestas de acción tienen que ser posibles, aunque caminando estratégicamente hacia lo que hoy parece utópico, de manera que no nos quedemos únicamente en discursos y palabras bonitas.

Entiendo que en este aspecto hay dos líneas de actuación claras, de momento compatibles entre sí. Por un lado, hay que trabajar desde ahora mismo (para que no se nos echen las elecciones encima) en el derecho al voto de los extranjeros en las elecciones municipales, en su caso salvando las interpretaciones más restrictivas del requisito constitucional de "reciprocidad" (concebido cuando España era un país de emigrantes). Por otro lado, creo que nos tenemos que ir planteando poco a poco una adaptación de la vetusta institución jurídica de la nacionalidad a la situación presente: de un lado, parece excesivo el requisito de diez años de residencia legal que se aplica a todos los extranjeros, salvo a los integrantes de algunas etnias privilegiadas vinculadas en parte a lo que antes se denominaba "estirpe de la raza ibérica"; desde luego lo es si de lo que se trata es de ejercer el derecho al voto; de otro lado, en el marco del transnacionalismo, resulta cada vez más inapropiada la concepción de la nacionalidad como un vínculo con un único país (aún existiendo excepciones con los convenios de doble nacionalidad).

LA LETRA PEQUEÑA DEL "CONTRATO DE INTEGRACIÓN"

Permítanme una parábola de "anarquista místico": a mí las campañas y precampañas electorales me recuerdan a un mercado donde infames pescaderos vocean una mercancía ya maloliente sin contarnos que ya está "to el pescao vendío" y que los "vendíos" éramos nosotros sin saberlo. Ya saben que en este blog nos resistimos un poco a hablar de la actualidad más rabiosa para evitar que los intereses del momento distorsionen la política, que es el arte de vivir en sociedad. Cómo iba a hablar entonces de algo que se propone en una precampaña electoral, aunque sea el tema migratorio el que haga saltar al hombre-bala en el circo del politiqueo. Mi ego -junto con mi superyó- me repetía incesantemente que aquí nos ocupamos de cosas más serias. Mi "ello" empezó sin embargo un agitado borrador que ahora borro mientras escribo, después de dejarme un tiempo prudencial para pensar. Frente al uso interesado y electoralista de la cuestión migratoria, sólo cabe exigir "un poquito de por favor" y de seriedad, pero eso ya lo han hecho en otra parte y bien dicho está.

Ahora bien, también puede ser que pensando un poco sobre esa patochada del "contrato de integración" para renovar el permiso de residencia inicial, una medida tan inútil como aparentemente inocua, podamos descubrir alguna otra cosa que nos sirva para algo cuando el circo se haya marchado de la ciudad; vamos a intentar entonces leer la letra pequeña del contrato al tiempo que, inevitablemente, criticamos la propuesta del PP, esperando no haber entrado con ello en la hedionda pescadería.

Leí en la prensa que se pretendía que dicho "contrato" tuviera "efectos jurídicos". Esto, entendido literalmente es un disparate que recuerda al simpático "compromiso de actividad" de la prestación de desempleo. Yo sé que lo de privatizar está de moda y tiene su morbillo en estos tiempos que corren, pero privatizar algo tan público como el Derecho Público es mucho pedir. El fundamento de nuestro deber de sometimiento a la ley o de nuestra obligación de pagar impuestos (que siempre se resalta de manera separada, la pela es la pela) no puede ser la firma de un contrato, como tampoco debe ser un contrato el título jurídico del que proceden los derechos básicos que tenemos como "ciudadanos" (o asimilados).

Si nos creemos que es un contrato, este "contrato de integración" sería una especie de "contrato de adhesión" (aquellos que usted "libremente" firma con los que "le pueden" en combate singular y que toma o deja como las lentejas); pero un contrato de adhesión "a lo bruto", porque en éste no se puede negociar el contenido de sus cláusulas ni siquiera en teoría (o si uno resulta ser un extranjero poderoso en singular combate). En todo caso, quería centrar nuestra atención en otra cosa: en los contratos bilaterales, las obligaciones son recíprocas; eso quiere decir que, si una de las partes no cumple, la otra puede quedarse sin cumplir (a eso en chino mandarín le llamamos exceptio non adimpleti contractus) ¿Qué pasaría si el Estado no cumple su parte? ¿Estaría legitimado el extranjero para incumplir la ley? ¿Puede incumplir su contrato a posta cuando la otra parte no cumple, dado que no puede renegociarlo? Evidentemente no; cuando se mencionan los "efectos jurídicos" del contrato de integración se está hablando en realidad de usar el contrato como envoltorio de un caramelo envenenado: una reforma más restrictiva de la Ley de Extranjería. En sentido estricto, por tanto, los únicos efectos que se pretenden para este contrato son los de carácter simbólico.

¿Efectos simbólicos para quién? A priori podríamos decir, para el extranjero. Si nos ponemos antropológos, diríamos que este contrato es un rito de paso que integra al extraño en el grupo. En las sociedades modernas, el "contrato" es una divinidad muy apreciada: según sus mitos más importantes (sigamos por ejemplo al profeta Hobbes), el contrato es el héroe fundador de la sociedad, que instituyó el orden en el mundo sobre el Caos ctónico del brutal Estado de Naturaleza; más adelante, el espíritu de los contratos sigue acompañándonos, inmanente a la realidad humana: es el cimiento de sus relaciones más verdaderas, así como la legitimación teológica -desde un remoto reino de los cielos metafísico de individuos libres, autónomos e informados- de las desigualdades sociales y económicas (usted lo eligió libremente y ahora se aguanta). No es de extrañar entonces que sea el contrato la divinidad invocada en esos ritos de paso que el aspirante a jefe de la tribu nos propone. Podríamos decir que es un asunto de legitimación del poder: si el poder estatal se fundamenta en el control democrático ¿en qué se fundamenta el poder que el Estado ejerce sobre más de cuatro millones de residentes con vocación de permanencia que no tienen derecho al voto? Porque si votaran, claro está, otra cosa cantaría el gallo. No nos quedaría entonces sino invocar a nuestros ancestros, Hobbes, o incluso Rousseau, si ustedes son multiculturales y prefieren al buen salvaje.

Pero ¿creerán los oscuros primitivos en los dioses modernos por la mera repetición de los obligados rezos? Incluso en la integrada España, algunos modernos y por tanto creyentes en el contrato como herramienta para la vida en sociedad, nos empeñamos en negar la literalidad de nuestros mitos; no hay manera de renegociar el contrato social que propugna la teología iusnaturalista o de negarse a firmarlo, España y usted somos así señora. Si nosotros, que somos gente de orden e integrados a las buenas costumbres, nos permitimos chuflearnos del invento, ¿qué no harán los malvados salvajes, sumidos en el Estado de Naturaleza precontractual, esos que mutilan clítoris y espantan con sus costumbres al aspirante a Sumo Hierofante? Las películas nos informan que a los malos no les suele importar su honor de caballeros y quizás menos aún si les da por integrarse a todas las "costumbres españolas", incluyendo nuestra autoproclamada informalidad, que horrorizaría a los lores ingleses. Desde esa perspectiva, el simbolismo de la medida parece tan útil y práctico como ese famoso cuestionario para entrar en EEUU donde te preguntan si has participado en las persecuciones emprendidas por los nazis. Por si alguno se despista, más que nada.

Nos queda otra opción: los verdaderos destinatarios del rito son los españoles que reciben al neófito extranjero, una vez purificado por el poder taumatúrgico del contrato e iniciado a una nueva vida plenamente constitucional. Decía Victor Turner que el símbolo, la unidad más pequeña del ritual, une las indefinidas sensaciones de nuestras vísceras con las estructuradas normas de la organización social. El ensalmo del chamán barbudo se dirige a los ciudadanos (es decir, a los que tenemos el derecho al voto), toma de nuestros intestinos la indefinida sensación de pánico que nos producen los extranjeros y la canaliza hacia las pautas de su programa electoral. El conjuro dice: a ustedes les preocupa la migración, a nosotros también; ustedes quieren extranjeros integrados, esto es, que no se noten, nosotros también. Como sucede habitualmente en el discurso político, el espectáculo de prestidigitación hace desaparecer el análisis del problema y convierte la solución en una cuestión de voluntad. La espinosa cuestión de la integración se simplifica hasta llegar a dos proposiciones implícitas asumidas desde una perspectiva radicalmente individualista: los inmigrantes "no se integran" y no lo hacen porque no quieren; se firma un contrato y en paz. Esto conecta con nuestras vísceras y enfoca nuestros miedos, dándole legitimación a nuestro discurso xenófobo; antes de que el PP sacara esta propuesta ya me había encontrado en el debate público que en algunas ocasiones las posiciones abiertamente xenófobas se argumentaban en base al mito de un eventual "contrato" que implicaba la presencia del extranjero en nuestro país, también entendido todo desde una perspectiva individualista y moralista; si está aquí tiene que cumplir y si no que regrese a su país. ¿Qué tiene que cumplir? Pues claro, el contenido que imaginamos en el contrato depende de nuestras preferencias personales, de nuestros odios particulares, de nuestros miedos específicos (y cada uno tiene los suyos); en definitiva, es una encarnación de nuestra incomodidad indefinida que un día expresamos de una manera y otro día de otra. Ya dicen los sabios que los símbolos no pueden tener un significado definido, para que puedan contener todos los significados. Menuda letra pequeña.

Así que la ambigua referencia a las "costumbres", poco apropiada para este tipo de "contrato" no es azarosa, sino que tiene su papel, conectar con aquello que más nos disguste de los extranjeros, sea lo que sea, aunque no sea políticamente correcto y por tanto no pueda aparecer en el conjuro. Ciertamente, los críticos hemos leído la propuesta del PP con electoral mala baba; de lo contrario, la referencia a las costumbres nos hubiera parecido una declaración de interculturalidad que podríamos compartir de no ser por su leve esencialismo: ellos toleran las costumbres ajenas que se encuentran y el Estado su exótico folclore. Sin embargo, todo este revuelo que se ha formado alrededor de la ambigua mención a las "costumbres" se debe a que entre sus líneas se esconde un mensaje subliminal muy poco inocente, muy poco responsable y muy peligroso: meta en "costumbres" aquello que quiera proteger de los bárbaros invasores, aunque luego el Estado no lo vaya a conceder si la ley no lo establece. La prueba de que este mensaje subliminal existe es que Rajoy -que me imagino que no fue el inventor de la propuesta- se lo ha creído. Cuando le preguntan a qué se refiere con "costumbres", en lugar de defenderse hablando de este respeto mutuo, buscando algo en lo que todos podamos tener intestinos similares, cae en la trampa de mencionar la mutilación genital femenina y demás, degradando su prohibición a una cuestión de "costumbres". O sea que, según Rajoy, ahora "respetar" es "acatar" una prohibición (como la de llevar velo en la escuela pública, por ejemplo). En cualquier caso, si este mensaje subliminal no existiera, no tendría sentido una formulación tan ambigua: ¿te expulsarán por no respetar las costumbres españolas más allá de la ley? ¿si lo hacen, no estarían cumpliendo la otra parte del contrato, la que habla de respetar las costumbres extranjeras? ¿La parte contratante de la primera parte es igual a la parte contratante de la segunda parte?

El efecto simbólico del conjuro no sólo consiste en darnos cuenta de que los ancianos de la tribu velarán por los problemas que nos interesan, incluso aunque no hicieran nada, sino también, como decía antes, en servir de envoltorio simbólico para un endurecimiento de la legislación de extranjería. Por que, si nos ponemos ahora jurídicos, es la ley y no un contrato, lo que determina la expulsión o permanencia en la legalidad de un extranjero. ¿En qué consistiría ese endurecimiento? Me imagino que en favorecer la expulsión -jurídica, que no material- de los extranjeros que lleven al menos un año de residencia legal en el país (queríamos trabajadores y vinieron personas), impidiendo renovaciones sucesivas, cuando sucedan determinadas causas. La condena del Hierofante no nos parecerá dura, porque los muy traidores habían firmado un contrato y los muy felones lo han incumplido: los preceptos legales tendrían una conexión con los preceptos sagrados pero ambiguos del contrato, que, no lo olvidemos, habían conectado previamente con las pulsiones de nuestros intestinos.

Y ¿en qué consisten las Tablas de la Ley aparte del comodín de las "costumbres españolas"? Pues uno, en cumplir la ley, claro, igual que los españoles; ¿legitimaría eso una legislación draconiana que castigue con la máxima pena la mínima infracción? ¿Y si un inmigrante se integra tanto en las" costumbres españolas que le da por esnifarse una raya de cocaína, cuyo consumo supone una infracción administrativa? Dos, en cumplir la ley con especial interés en el pago de impuestos (esperemos que aquí no se adapten demasiado a las "costumbres españolas"). Tres, en trabajar, que pa eso vienes y procura ser sumiso en el trabajo, porque como te echen y no encuentres curro te echamos nosotros; claro, a nadie se le escapa que todo lo que sea aumentar la dependencia entre las renovaciones y la conservación de un empleo, aunque tenga su lógica, va a favorecer la precariedad laboral de nuestro ejército de reserva particular y de los españoles con los que concurren en el mercado (si ya se exige una cierta cotización para renovar, supongo que exigirán más). Cuatro, aprender español por cojones y euskera y eso si tienes ganas. Esto último merece mención aparte, porque en esta ocasión nuestros camaradas liberales del PP precisan de un poco de sano liberalismo.

El Estatuto de Autonomía Catalán indica que todos los catalanes tienen el derecho y el deber de conocer la lengua catalana y sabemos que hay muchos catalanes que no la conocen bien. ¿Significa eso que el conocimiento de la lengua debe transmitirse agresivamente? Esperemos que no, por el bien de los catalanes. La otra cuestión es ¿hace falta esa imposición con el castellano en España? El inglés no es ni siquiera la lengua oficial de la primera potencia mundial, pero gracias a su poder, tenemos que estudiarlo todos por narices. Los inmigrantes deberían aprender castellano por la cuenta que les trae. Y mayoritariamente lo hacen: los de la primera generación, de manera imperfecta como humanos que son, especialmente los más mayores; los de la segunda (que curiosamente seguimos considerando inmigrantes), si están adecuadamente escolarizados, lo harán de manera sencilla y automática... bno, al mns en la msm mdida k nstros jvnes spañols. Cambiando de perspectiva, si el incentivo de aprender castellano es tan evidente ¿por qué algunos no lo hacen? Una vez más no nos enteramos de la película si leemos el tema en clave individualista (no aprenden español porque no quieren, así que firmamos un contrato y en paz). La manera principal de aprender un idioma es la interacción comunicativa, así que tendrán más problemas quienes están, por ejemplo, más segregados en el mercado de trabajo y discriminados en los alquileres, salvo en el guetto de turno. Estará bien que, además, las instituciones den clases de español de nueve a once de la mañana, pero habrá que plantearse por qué no acuden a ellas algunos de nuestros laboriosos obreros del lejano invernadero o nuestras industriosas empleadas domésticas internas. El aprendizaje de la lengua se consigue poco a poco con más integración sustancial, no con la invocación mística de un contrato.

En último término, poner más trabas para la permanencia de los que ya están aquí sería una buena estrategia para aumentar el número de los irregulares, esos que van a dejar de existir cuando gobierne el chamán, que tampoco va a hacer regularizaciones extraordinarias (a ver qué nombre les pone cuando toque). La "expulsión" jurídica sí que es un conjuro poderoso: condena a la víctima a desaparecer del mundo de la regularidad, pero en un gran número de ocasiones su cuerpo serrano permanece en el más acá de la nación española.

En otro orden de cosas, si miramos el contrato más desde arriba, nos encontramos con que refleja un modelo de "integración" defectuoso que sigue en nuestras cabezas. Primero, aunque llama a la "integración", simbólicamente separa a los que necesitan contrato para integrarse en la sociedad de los que no, estableciendo regímenes separados. Segundo, entiende la integración de los extranjeros como un problema que corresponde exclusivamente a los extranjeros como individuos y al Estado, de manera que no implica en el proceso a la sociedad civil española ni a las redes sociales, asociativas y familiares de los extranjeros. Tercero, parece entender que la integración de los extranjeros sólo afecta a los de fuera de la UE-23 (qué haremos pues con los rumanos, la última bestia negra del racismo más español). Cuarto, parece entender que la integración es un asunto que sólo se refiere a la extranjería, cuando es un proceso social más grande y nunca terminado al que los extranjeros simplemente se incorporan (a mi juicio una sociedad donde mucha gente se manifiesta contra los matrimonios del mismo sexo es una sociedad con problemas de integración de la diversidad).

En definitiva, leyendo entre líneas el contrato que se propone para los migrantes lo mismo podemos contemplar las aristas de ese gran reto para nuestra sociedad que es su integración, es decir, la superación continua de sus disfuncionalidades. Quizás de esta manera podemos encontrar los problemas que las palabras mágicas habían procurado escamotear.