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lunes, marzo 23, 2009

LA ENÉSIMA REFORMA (II) LA HEREJÍA DEL SAMARITANO

La vida no siempre se parece a los cuentos donde todos terminan comiendo perdices; a veces los sacerdotes y levitas ahorcan al "buen samaritano" imputándole un delito de peligro abstracto: el buen samaritano, con su "ingenua" y visceral solidaridad nacida del puro corazón, contribuye, según Los Que Cumplen la Ley a que la gente siga recorriendo caminos peligrosos, plagados de ladrones.

Todo esto "viene a cuento", claro está, de la redacción del art. 53.2 c) de la Ley de Extranjería, en la propuesta del Anteproyecto del Gobierno, que castiga como una infracción grave , sancionando con una multa de entre 501 y 10.000 €) la siguiente conducta:

"Promover la permanencia irregular en España de un extranjero. Se considerará que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del período legalmente previsto. En la propuesta de sanción por esta infracción se tendrán especialmente en cuenta todas las circunstancias personales y familiares"
.

O sea que aquellos que de un modo u otro sostengan económicamente al pariente, al vecino, al amigo, o de cualquier modo al "prójimo" apaleado en el camino se unen de algún modo en la infracción con los bandidos del camino. El abrazo de la solidaridad y la vileza en el purgatorio de la ilegalidad administrativa.

Tales son los prodigios que puede obrar el poder del Estado encarnado en la Ley, artificio mágico capaz de elevar a máxima sagrada cualquier"barbaridad" que se nos ocurra sin que el legislador se despeine; en pleno siglo XVI decía Montaigne que, si bien podríamos considerar a los Otros de aquella época como "bárbaros" a la luz de la razón, "nosotros los superamos en todo tipo de barbarie". Algo de eso puede estar pasando. De un modo u otro, el deber de hospitalidad está reconocido en todas las sociedades humanas; enfermo y débil en nuestro mundo de individuos -y esto tiene poco remedio- sólo faltaba "ponerle la puntilla" y condenarlo expresamente. Si los viejos dioses, desde Osiris a Yahvé juzgaban y condenaban a los que no daban pan al hambriento, agua al sediento, vestido al desnudo y cobijo al forastero, el nuevo dios Estado pone multas por exceso de misericordia en la autopista de Samaría. Al menos nos queda el "consuelo" de que, si alguien atiende a las necesidades básicas de un pariente cercano o de una persona que esté en una situación verdaderamente lamentable, tal vez la Administración, en su infinita y discreccional sabiduría, opte por acercarse a los 501 € en lugar de a los 10.000 en la imposición de la implacable sanción que castiga en todo caso la herejía del samaritano.

Para llegar a este despropósito, hay que pasar antes por otro, mucho más importante para nuestra estructura social y por tanto más difícil de eliminar a medio plazo: la consideración del extranjero en situación irregular como "infractor". Este otro despropósito parece, desgraciadamente un rasgo estructural de nuestro mundo; esto quiere decir que es a grandes rasgos "necesario" en un mundo con fronteras y control de los flujos migratorios (si bien podemos soñar mundos distintos, no puede eliminarse este rasgo si los demás se mantienen). Pero aún así, aunque tengamos que considerar al extranjero en situación irregular como un infractor, es necesario que al mismo tiempo mantengamos una visión más amplia del problema, que no se reduce a los aspectos jurídico-formales o a la moralina individualista.

Unos pocos de estos migrantes (como sucede con muchos subsaharianos) vienen arrastrados por la desesperación, al hilo de mecanismos más cercanos a la exclusión social que a la explotación laboral. En todo caso, la mayoría de los migrantes en situación irregular, desde un punto de vista estructural, vienen arrastrados por pautas globales de movilización de la fuerza de trabajo para su uso como factor productivo por parte de las empresas asentadas en España, de la misma manera que la Revolución Industrial arrastró grandes masas de población del campo a la ciudad que la hicieron posible, aunque luego existieran decisiones individuales o familiares. En España en concreto, la economía sumergida tiene un peso enorme en el conjunto de la economía, retroalimentando el crecimiento de la economía formal. Así pues, el mercado de trabajo irregular ha "llamado" y movilizado a cientos de miles de trabajadores extranjeros para puestos de trabajo en la economía informal, permitiendo así la subsistencia del modelo y generando abundancia para los autóctonos a costa de la explotación de la mano de obra extranjera. Los extranjeros no se ponen en situación irregular porque les guste infringir la ley, sino porque a grandes rasgos no hay un modelo real de reclutamiento en condiciones de legalidad; creo haber argumentado suficientemente en otros sitios que el modelo oficial de gestión de los flujos migratorios no es el que se aplica en la práctica y que la legislación es funcional a su propio incumplimiento, sea por una decisión consciente, sea por un mero ajuste automático de los elementos del sistema. El modo real de incorporación de los migrantes al mercado de trabajo español pasa necesariamente por varios años de trabajo en la economía sumergida (en el mejor de los casos), de la misma manera que para entrar en una empresa uno sabe que el modo real es un contrato temporal, haya o no causa. Cuando la economía se contrae en una de las recurrentes crisis del capitalismo, la fuerza de trabajo movilizada se convierte en fuerza de trabajo sobrante. Los explotados se convierten en excluidos, o bien aumentan las tasas de explotación. En definitiva, considerarlos únicamente como "infractores" es una especie de broma hipócrita si olvidamos que son también los carniceros de utopía que hacen el "trabajo sucio" de la máquina económica que nos da de comer.

Cuando se supone automáticamente que quien ayuda económicamente a estos excluidos está fomentando sistemáticamente la inmigración irregular, olvidando el "efecto llamada" del mercado de trabajo irregular o el "efecto salida" de la situación de determinados países se termina deformando la realidad, reduciéndola a una mera decisión individual. La unión de estos dos efectos es la causa principal de las migraciones internacionales Norte-Sur y de su conformación irregular en determinados países; son estos los factores sobre los que hay que incidir si se quiere un modelo distinto. Aunque es cierto que los proyectos migratorios tienden a articularse en torno a redes sociales y familiares, atacar a estas redes no va a afectar significativamente a la decisión de partir del país de origen y mucho menos, a la de permanecer en el país de llegada (lo que frecuentemente es impracticable). Muy al contrario, atacar estas redes podría afectar gravemente a la integración social y a la dignidad vital de muchas personas en una situación extremadamente precaria, fracturando así la cohesión social. De hecho, es posible que la atención a estas redes y la influencia sobre ellas sea un elemento clave para ir construyendo un modelo migratorio más ordenado, menos basado en la irregularidad, con más integración y con más derechos, aunque ese tema habrá que dejarlo para otro día.

Aunque suene exagerado, creo que el efecto real de la medida -no considerada de manera aislada, sino unida al resto del paquete legislativo- es un efecto simbólico, expresivo: mostrarnos a los españoles, es decir, a los votantes quienes son los "culpables" de las "vacas flacas": aquellos con cuya sangre se alimentó a las "vacas gordas" y quienes los ayudan. Eso sí, en este caso concreto, los excesos de su contenido y, sobre todo, su inutilidad práctica me hacen ser optimista sobre su posible eliminación en el texto del Anteproyecto. Eso sí, para que esta infracción no llegue al BOE es preciso que la denunciemos con firmeza. Es lo que estoy tratando de hacer aquí y lo que, de manera organizada, está haciendo otra gente en otros sitios.

Nota: me advierte gentilmente José Luis López Bulla de que la entrada aparecía cortada cuando se veía con Internet Explorer. Espero que haya quedado resuelto el problema.

6 comentarios:

Narciso Doncel dijo...

He conocido este blog por "Metiendo Bulla". Y verdaderamente ha sido un buen consejo. Enhorabuena.

Anónimo dijo...

'Salvemos la hospitalidad'
Sanción a la solidaridad. Multa a la fraternidad. Castigo a la ayuda humanitaria. La compasión de cara a la pared. Si prospera el proyecto de Reforma de la Ley de Extranjería y se te ocurre acoger a una persona inmigrante en situación irregular, te puede caer una multa de hasta 10.000€.

Plataforma "Salvemos la hospitalidad".

Para esta plataforma:

Este anteproyecto pretende aplicar un marco sancionador a las personas que de manera solidaria ejercen el deber de la hospitalidad, colocando su comportamiento altruista como forma proscrita de”promoción de la permanencia ilegal en España”. Ello pone en automática situación de ilicitud a miles de personas que acompañan, hospedan en sus casas y apoyan a personas sin papeles. De este modo, oenegés, congregaciones religiosas y ciudadanos, que vienen ejerciendo el deber de acogida y la solidaridad para con las personas inmigrantes en situación de irregularidad administrativa, verían perseguida su actuación. Más aún: la reforma pretende ampararse en el silencio cómplice de los ciudadanos ante estos atropellos contra la dignidad humana y los derechos fundamentales.

En concreto, el art. 53 c) del Anteproyecto de modificación de la Ley de Extranjería sanciona como falta muy grave con la multa de 501 a 30.000 euros “a quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero. Se considera que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente previsto”.

Con el pretexto de proteger a los extranjeros sin papeles frente al abuso y las mafias, se incrementa exponencialmente su vulnerabilidad y se les priva de toda suerte de apoyo social solidario. Esta reforma legal tiene una enorme trascendencia ético-política: crea una norma que convierte en ilegal un principio-valor tan estructuralmente necesario en un Estado como es la solidaridad.

El objetivo de esta norma es intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros con papeles para que nieguen toda forma de apoyo a la persona en situación irregular y ésta se quede sin ningún tipo de ayuda, es decir, en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero, para que mediante la presión de esta situación de precariedad absoluta, vuelva a su país. Se olvida que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio” (art. 13 Declaración Universal del Derechos Humanos) y que “en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él, en cualquier país” (art. 14 DUDH).

Ante esta situación exponemos:

1.- Que hemos constatado, después de tantos años acogiendo y acompañando itinerarios vitales de personas en situación de extrema vulnerabilidad personal y social, el valor de la solidaridad y la convivencia en nuestros domicilios como forma concreta de expresión de corresponsabilidad humana y social con aquellos que no tienen los mínimos de supervivencia: casa, pan y trabajo.

2.- Que una parte significativa de la responsabilidad de la miseria en que se hallan los pueblos de origen de quienes tiene que migrar a España está provocada por procesos históricos y políticas económicas y colonizadoras (y descolonizadoras) de los Estados del denominado Primer Mundo, que mantienen intereses en el apoyo de regímenes no transparentes ni democráticos en el Tercero (incluida, por cierto, la venta de armas y el tráfico de personas).

3.- Que el principio de solidaridad para con los más desheredados del mundo es un elemento ético de legitimación en una sociedad que se denomina democrática, que considera que los bienes de la tierra tienen un destino universal y que ni la propiedad ni las fronteras pueden tener un valor absoluto ante la miseria del prójimo y su derecho a sobrevivir.

4.- Que el Estado español pierde toda legitimidad ético-jurídica cuando legisla contra el contenido esencial de los Derechos Humanos, despoja de todo tipo de ayuda material a las personas en situación irregular y pretende intimidar con graves sanciones a quienes ejerzan la hospitalidad y el cuidado del otro.

Ante ello, con independencia de otras numerosas discrepancias, proponemos al Gobierno, en este punto concreto, como auténtico mínimo ético, que modifique el Anteproyecto en el sentido de incorporar al texto normativo la necesidad de “ánimo de lucro” en el infractor para que pueda ser sancionable.




PLATAFORMA "SALVEMOS LA HOSPITALIDAD"

Julián Carlos Ríos Martín. Profesor de universidad. Madrid
José Luis Segovia Bernabé. Profesor de universidad. Salamanca
María Dolores Rodríguez Pelaez. Ciudadana.
Miguel Santiago. Profesor de Instituto. Córdoba
Ramón Saez Valcárcel. Magistrado. Madrid
Daniel Izuzquiza. Sacerdote jesuita. Madrid
Pilar Sánchez Álvarez. Abogada. Madrid
Enrique Romá Romero. Veterinario. Alicante
Javier Baeza Atienza. Sacerdote. Madrid
Guillermo Toledo. Actor
Félix Pantoja García. Fiscal
Luis Guitarra. Cantautor. Madrid
Siro López. Artista. Madrid
Rafael Pascual Díez. Abogado. Madrid
Manuel Gallego Díaz. Profesor de Universidad. Madrid

Antonio Álvarez del Cuvillo dijo...

Gracias, Narciso, espero que nos sigamos viendo por aquí.

Gracias también a Anónimo. Quería enlazar a esta plataforma en el cuerpo del texto, pero creo que me he equivocado con el enlace.

Daniel dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Daniel dijo...

Tengo muy buenos amigos en situación "irregular", aunque la modificación de la ley de extranjería me acuse de cometer una infracción al ayuadar a una persona (que ha dejado su pais, sus amigos y famila para poder sobrevivir "dignamente") lo seguiré haciendo.
Me gustaría preguntarle a Antonio cual es el cronograma legislativo de ésta modificación, para que fechas se tiene previsto que lo aprueben las cortes y más o menos en que momento se puede aplicar y hacer efectiva.

Antonio Álvarez del Cuvillo dijo...

Gracias, Daniel, por tu comentario. La verdad es que no sé cuánto va a tardar la tramitación de la ley, pero creo que mucho. El Gobierno parecía tener mucha prisa a finales de diciembre, cuando demandaba una respuesta casi inmediata del Foro Social de la Integración. Pero, hasta dónde yo sé, todavía no hay siquiera un proyecto de ley en las cortes generales; estamos todavía en fase de anteproyecto. Lo último que he visto es el dictamen del Consejo General del Poder Judicial. Luego, la tramitación es lenta y tiene que pasar por el Congreso y por el Senado y tal vez volver al Congreso. Así pues, la cosa va para largo. Yo diría que a finales de año, pero no estoy seguro.